Donald Trump asumió formalmente su segundo mandato como el 47º presidente de los Estados Unidos, en una ceremonia celebrada en la Rotonda del Capitolio. A mediodía, hora local, Trump prestó juramento ante una multitud de seguidores, reafirmando su promesa de liderar una «nueva edad de oro» para el país, un periodo de renovación nacional que comenzaría con la firma de varias órdenes ejecutivas de carácter inmediato. Estas órdenes marcaron una clara ruptura con las políticas establecidas por la administración de Joe Biden, evidenciando un regreso a las posturas nacionalistas, conservadoras y proteccionistas que habían caracterizado su primer mandato.

Una de las primeras decisiones trascendentales de Trump fue retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una medida que reflejaba su política de aislamiento y su escepticismo hacia las organizaciones multilaterales. En su primer mandato, Trump ya había criticado repetidamente a la OMS por su manejo de la pandemia de COVID-19, y ahora, en su segundo mandato, la salida formal de la organización se veía como un refuerzo de su visión de priorizar los intereses nacionales sobre las responsabilidades globales. Esta acción fue seguida por otra que consolidó su postura anti-acuerdos internacionales: la salida de Estados Unidos de los Acuerdos Climáticos de París, un acuerdo global para mitigar el cambio climático que Trump había abandonado previamente en 2017. Con este movimiento, Trump continuaba desmantelando el marco multilateral que había sido tan central en la administración de Barack Obama, al tiempo que destacaba la prioridad de los intereses económicos y energéticos de Estados Unidos.

En un giro polémico hacia la política exterior, Trump también ordenó la reincorporación de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, una medida que revertía el acercamiento diplomático de su predecesor y reinstauraba sanciones económicas severas sobre la isla. Esta decisión, al igual que otras tomadas en el ámbito internacional, reflejaba su postura de recuperar lo que consideraba la soberanía de Estados Unidos frente a acuerdos que, en su visión, comprometían los intereses nacionales. Además, en una clara alineación con las políticas más conservadoras de Israel, Trump levantó las sanciones a los colonos israelíes en Cisjordania, una medida que fue vista como un refuerzo a la política de asentamientos y que exacerbaba aún más las tensiones con la comunidad internacional respecto a la resolución del conflicto israelí-palestino.

En el ámbito social, uno de los aspectos más controvertidos de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump fue la resolución en torno a los derechos de los ciudadanos transgénero. En un claro desafío a las políticas progresistas de la administración Biden, Trump ordenó que el gobierno federal solo reconociera dos sexos, un mandato que anulaba las políticas de inclusión adoptadas durante los últimos años. Esta medida representó un retroceso en los derechos civiles, especialmente en un momento en que la comunidad LGTB+ en Estados Unidos había luchado por la igualdad de derechos en términos de identidad de género. Junto a esta, Trump también abordó otras cuestiones relacionadas con el concepto de derechos humanos, reafirmando una visión más conservadora de los valores sociales y culturales en el país.

En lo que respecta a la inmigración, un tema central de su campaña electoral, Trump adoptó medidas drásticas para marcar un claro giro en las políticas migratorias. A través de una orden ejecutiva, declaró la inmigración ilegal una «emergencia nacional» en la frontera sur de Estados Unidos, entre Estados Unidos y México. Esta declaración no solo subraya la gravedad con la que Trump percibe la inmigración ilegal, sino que también otorga a su gobierno un poder considerable para actuar en circunstancias excepcionales, lo que podría justificar el uso de medidas extraordinarias para abordar el problema. Además, Trump designó formalmente a los cárteles criminales como organizaciones terroristas, una etiqueta que abre la puerta a medidas más severas de combate al crimen organizado, como la congelación de activos y sanciones a aquellos que operen dentro de estos grupos. Estas decisiones constituyen una extensión de su política de "mano dura" en la frontera, con un enfoque que busca no solo reducir la inmigración ilegal, sino también erradicar las organizaciones criminales transnacionales.

En una de las medidas más disruptivas, Trump firmó una orden para eliminar el principio del ius soli, que garantizaba la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense. Esta cláusula de la decimocuarta enmienda de la Constitución había sido un pilar del sistema de inmigración de Estados Unidos, pero Trump buscó eliminarla, argumentando que permitía que personas nacieran en el país y automáticamente obtuvieran la ciudadanía, un fenómeno que él calificaba de abusivo. Sin embargo, esta propuesta es legalmente compleja, ya que contraviene una de las disposiciones fundamentales de la Constitución, lo que muy probablemente llevará a una serie de impugnaciones legales que podrían prolongar la incertidumbre sobre su implementación.

En cuanto a la reestructuración del gobierno federal, Trump mostró su intención de llevar a cabo una reforma radical en la función pública. En su visión, la burocracia federal era un obstáculo para el progreso y el desarrollo del país, por lo que propuso una «congelación normativa inmediata» para frenar la creación de nuevas regulaciones que, a su juicio, ahogaban la eficiencia del gobierno. Esta congelación se acompañó de una orden que anunciaba despidos masivos en el sector público, además de una paralización de nuevas contrataciones en la administración federal. La justificación para estas medidas fue que solo deberían ser contratadas personas «competentes y leales a los intereses de los estadounidenses». Trump también suprimió el concepto del «trabajo inteligente» para los empleados federales, un enfoque que había promovido la administración anterior como una forma de optimizar los recursos y la eficiencia laboral en el gobierno.

Por último, en el ámbito internacional, Trump reiteró su disposición a hablar con el presidente ruso Vladimir Putin en un esfuerzo por tratar de poner fin al conflicto en Ucrania. En su primer discurso como presidente, Trump expresó que la guerra debía concluir, lo que refleja su enfoque de desescalada de tensiones. Aunque no detalló las acciones específicas que tomaría para lograr este objetivo, su disposición a dialogar con Putin, a pesar de las tensiones políticas en Europa y las preocupaciones de la comunidad internacional, señaló una vez más su orientación hacia la diplomacia bilateral y su preferencia por evitar conflictos militares prolongados.

Estas medidas, que cubren un amplio espectro de la política interna y externa de los Estados Unidos, establecen un claro contraste con la administración Biden y marcan un regreso al estilo de gobernanza que Trump promovió durante su primer mandato. La implementación de estas órdenes ejecutivas refleja un firme compromiso con su visión de un Estados Unidos más aislado, conservador y con una fuerte tendencia hacia la restauración de valores nacionales en todas las esferas del gobierno.