El Vaticano confirmó recientemente que las sanciones disciplinarias impuestas en 2019 contra el cardenal peruano Juan Luis Cipriani Thorne, exarzobispo de Lima y primer cardenal del Opus Dei, siguen vigentes. Las medidas, que incluyen la obligación de residir fuera de su país natal, la prohibición de portar símbolos cardenalicios y de realizar declaraciones públicas, fueron resultado de acusaciones de abuso sexual que datan de 1983. Según el vocero del Vaticano, Matteo Bruni, las restricciones están enmarcadas en un "precepto penal" que fue firmado y aceptado por el propio Cipriani, aunque en ocasiones específicas se le han concedido excepciones debido a su edad y circunstancias familiares.

El caso, revelado por el diario español El País, detalla que un hombre de 58 años presentó en 2018 una carta al Papa Francisco, acusando a Cipriani de haber abusado de él cuando tenía entre 16 y 17 años. Según su testimonio, durante una confesión en un centro del Opus Dei en Lima, el cardenal habría realizado tocamientos indebidos, caricias y besos. La denuncia, inicialmente ignorada por líderes del Opus Dei en 1983, fue determinante para que el Papa Francisco aceptara la renuncia de Cipriani como arzobispo en 2019 y le impusiera las medidas disciplinarias mencionadas.

A pesar de las restricciones, Cipriani viajó a Perú en enero de este año y recibió la medalla al mérito de la Municipalidad de Lima, entregada por el alcalde Rafael López Aliaga, también miembro del Opus Dei. La decisión de condecorarlo, incluso tras las acusaciones de abuso consideradas creíbles por el Papa, ha generado indignación entre las víctimas y sectores de la sociedad civil. López Aliaga calificó las acusaciones como una "gravísima difamación", mientras que tanto la municipalidad como la Conferencia Episcopal Peruana han evitado comentar sobre el asunto.

Cipriani ha negado rotundamente las acusaciones en su contra. En una carta reciente, aseguró no haber cometido ningún delito ni haber abusado sexualmente de nadie "ni en 1983, ni antes, ni después". También criticó al Papa Francisco por haberlo sancionado sin ser escuchado ni haber tenido acceso a la denuncia. Sin embargo, el Opus Dei reconoció que en 2018, el denunciante intentó reunirse con el vicario regional de la organización en Perú para exponer su caso, pero este se negó a recibirlo. En un comunicado posterior, el vicario pidió disculpas por el hecho.

El escándalo se enmarca en una serie de medidas del Vaticano para abordar casos de abuso sexual dentro de la Iglesia, incluida la reciente disolución del movimiento laico peruano Sodalitium Christianae Vitae. Este grupo, investigado por años debido a denuncias de abuso sexual, espiritual y físico, así como por mala gestión financiera, fue finalmente suprimido por orden del Papa Francisco. Las víctimas han acusado a la jerarquía eclesiástica peruana, incluido Cipriani, de complicidad y encubrimiento debido a la influencia del Sodalitium en el país.

A pesar de las afirmaciones de inocencia de Cipriani, el Vaticano ha ratificado la vigencia de las sanciones impuestas en su contra. Según Bruni, las medidas fueron adoptadas tras una investigación interna que determinó la credibilidad de las denuncias. Aunque Cipriani insiste en que no se le permitió defenderse, el Papa Francisco actuó rápidamente tras recibir la carta del denunciante y consideró los testimonios como sólidos. En este contexto, Cipriani enfrenta un cuestionamiento público no solo por las acusaciones en su contra, sino también por su relación con regímenes autoritarios, como el de Alberto Fujimori, y su posición como una figura de poder dentro de la ultraderecha latinoamericana.