En una medida sin precedentes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso una sanción arancelaria del 25% a los productos colombianos como respuesta a la negativa del gobierno de Gustavo Petro de permitir el aterrizaje de dos vuelos con migrantes deportados. La administración colombiana, argumentando que no se garantiza condiciones dignas para los retornados, rechazó inicialmente el ingreso de los aviones militares estadounidenses, lo que desencadenó una crisis diplomática de alta tensión. Trump, en un tono contundente, afirmó que las acciones colombianas violaban las obligaciones internacionales y amenazó con incrementar los aranceles al 50% en una semana, además de revocar visas y restringir operaciones bancarias.

La respuesta de Petro fue inicialmente desafiante. Citando principios de dignidad y soberanía, declaró que Colombia no aceptaría deportaciones bajo condiciones que calificó de humillantes. Sin embargo, la presión económica y política ejercida por Washington forzó un giro en la postura del mandatario colombiano. Al final del día, el gobierno de Petro cedió a todas las demandas de Trump, aceptando las deportaciones en aviones militares y sin limitaciones adicionales. En un comunicado, la Casa Blanca celebró lo que consideró un triunfo de sus políticas antimigración, dejando en claro que cualquier incumplimiento del acuerdo reactivaría de inmediato las sanciones.

Esta decisión dejó en evidencia la vulnerabilidad económica de Colombia ante Estados Unidos. Con un comercio bilateral donde el petróleo, el café y las flores representan pilares de las exportaciones colombianas, los aranceles habrían representado un golpe devastador. Solo las exportaciones de café, valoradas en 2,000 millones de dólares anuales, sostienen cientos de miles de empleos en el país. Petro, en un intento de mostrar firmeza, había instruido a su gabinete evaluar aranceles de represalia, aunque estos nunca se materializaron.

El manejo de la crisis expuso tensiones internas en el gobierno colombiano. Mientras Petro arremetía en redes sociales contra Trump, calificándolo de imperialista y recordando la historia de intervenciones estadounidenses en la región, su canciller, Luis Gilberto Murillo, optaba por un enfoque más diplomático. En una nota conjunta, Murillo anunció el restablecimiento de las relaciones bilaterales y el compromiso de Colombia de garantizar un trato digno a los deportados, destacando que esta decisión había sido producto de un trabajo conjunto y diplomático entre ambas naciones.

Sin embargo, esta solución no estuvo exenta de críticas. Desde el Congreso colombiano, se conformó una comisión de seis miembros para supervisar futuras relaciones con Estados Unidos, buscando evitar una repetición de esta crisis. Aunque Colombia y Estados Unidos mantienen una relación estratégica, cimentada en décadas de cooperación en la lucha contra las guerrillas y el narcotráfico, la postura de Petro marcó un cambio drástico respecto a la “actitud servil” que él mismo criticó en sus antecesores.

Ante ello y el trasfondo de este enfrentamiento radica en las ambiciosas políticas antimigración de Trump, que buscan involucrar a países como Colombia, Brasil y México en la contención de flujos migratorios hacia Estados Unidos. En particular, el Tapón del Darién, una zona clave en la ruta migratoria desde Sudamérica, se ha convertido en un punto de fricción. Petro advirtió que cualquier interrupción en las conversaciones bilaterales sobre migración podría agravar actividades ilegales en la región, en una aparente advertencia velada de que el número de migrantes indocumentados podría aumentar.

Ahora, este choque no solo resalta las tensiones diplomáticas entre los líderes, sino también las profundas diferencias ideológicas. Trump acusó a Petro de ser un “socialista”, mientras Petro, evocando figuras históricas como Salvador Allende y Jorge Eliécer Gaitán, afirmó que resistiría cualquier intento de imposición económica o política por parte de Washington. No obstante, en un giro inesperado, Petro ofreció enviar su avión presidencial para transportar a los deportados, un gesto que, aunque pragmático, fue interpretado por algunos como una capitulación.

Con este enfrentamiento resuelto temporalmente, queda claro que la administración de Trump no dudará en recurrir a medidas punitivas para imponer sus políticas migratorias. La advertencia fue explícita “cualquier país que obstruya sus planes enfrentará severas consecuencias económicas y diplomáticas”. Para Petro, esta crisis representa no solo un revés en su política exterior, sino también un desafío interno, mientras sus detractores y aliados evalúan el costo político de su decisión de ceder ante la presión estadounidense.