El presidente Donald Trump ejecutó una de las medidas de su mandato al ordenar el despliegue inmediato de 1,500 militares en la frontera con México. La decisión, sustentada en una orden ejecutiva firmada horas antes, representa un esfuerzo agresivo por consolidar su promesa de campaña de “cerrar” el paso de migrantes y reforzar la seguridad fronteriza a niveles sin precedentes. Este movimiento ha desatado un debate polarizado sobre el uso de fuerzas armadas en funciones civiles.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, justificó esta acción al señalar que la medida "cumple con una prioridad número uno para el pueblo estadounidense", haciendo eco de las promesas de campaña de Trump. No obstante, la naturaleza del despliegue y su rapidez han planteado preguntas sobre su planificación y propósito real. El secretario de Defensa en funciones, Robert Salesses, precisó que el envío incluirá no solo tropas terrestres, sino también helicópteros y personal de inteligencia enfocado en labores de detección y control. Esta movilización, según el Pentágono, representa un aumento del 60% en las fuerzas activas en la región desde que Trump asumió nuevamente la presidencia el lunes 20 de enero.

Entre las tareas asignadas a los efectivos desplegados se encuentra el apoyo logístico y administrativo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Estas funciones incluyen mantenimiento de vehículos, entrada de datos y asistencia en los vuelos de deportación para más de 5,000 migrantes detenidos en ciudades clave como San Diego y El Paso. Para ello, el Pentágono proporcionará transporte aéreo militar, reafirmando su rol central en esta operación.

La decisión de construir barreras físicas temporales y permanentes también fue anunciada como parte del plan de acción. Estas estructuras están diseñadas para restringir los cruces fronterizos ilegales y frenar el tráfico ilícito de personas y bienes. Según el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Pentágono colaborará estrechamente en estas actividades mientras se coordinan las autorizaciones diplomáticas necesarias con México, país directamente afectado por esta decisión unilateral.

La medida, sin embargo, enfrenta restricciones legales significativas. Las leyes estadounidenses, particularmente la Ley Posse Comitatus de 1878, prohíben a las fuerzas armadas realizar tareas de aplicación de la ley en territorio nacional. Esto significa que los militares desplegados no pueden arrestar migrantes ni incautar drogas, limitando su participación a roles secundarios. Sin embargo, Trump dejó entrever en su orden ejecutiva la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807, lo que permitiría a las tropas asumir funciones policiales en un plazo de 90 días si así lo decide. Este movimiento, de concretarse, alteraría drásticamente el balance de poder entre el gobierno civil y las fuerzas armadas en Estados Unidos.

El impacto inmediato de esta acción se refleja en los números: los 1,500 nuevos efectivos se suman a los 2,200 militares en activo y los 4,500 reservistas de la Guardia Nacional de Texas que ya operan en la frontera. Durante su primer mandato (2017-2021), Trump había enviado previamente 5,200 efectivos, marcando un precedente de militarización sin precedentes en la historia reciente de la frontera sur. Ahora, con un control operativo renovado, el Pentágono busca consolidar esta política como un estándar bajo la administración Trump.