En la madrugada del lunes 20 de enero, Trujillo, una de las principales ciudades del norte del Perú, fue escenario de un atentado con explosivos que afectó gravemente la sede del Ministerio Público. A las altas horas de la madrugada, vecinos de la urbanización San Nicolás, ubicada a menos de cinco minutos del Centro Histórico, fueron sorprendidos por al menos dos detonaciones. La primera explosión fue provocada por un artefacto explosivo improvisado (AEI), mientras que la segunda fue causada por un vehículo, probablemente un coche bomba. Las explosiones se sintieron en toda la urbanización, cuyo radio de acción afectó tanto a propiedades privadas como a instalaciones públicas.

El impacto de las explosiones fue devastador. La onda expansiva dañó viviendas cercanas, afectando muros y ventanas, además de destrozar vehículos estacionados en las cercanías. Negocios y locales comerciales fueron también víctimas de los efectos secundarios del atentado. La Universidad Nacional de Trujillo, cuya sede se encuentra en las proximidades, sufrió daños en algunos de sus salones. Según los reportes iniciales, la magnitud de los destrozos sugiere que los artefactos explosivos estaban diseñados para causar el mayor daño posible en un área densamente poblada. La explosión en el vehículo parecía estar dirigida a maximizar la destrucción, un método que confirma la intención de sembrar el terror y desbordar el control de las autoridades.

El atentado se produce en un contexto de creciente violencia en el norte del país, exacerbada por el aumento de actividades delictivas, como la minería ilegal, que han cobrado gran fuerza en las últimas décadas. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en su intervención tras el ataque, señaló que este atentado es probable que esté vinculado a los intereses de grupos involucrados en la minería ilegal, quienes suelen recurrir a medidas extremas para amedrentar a las autoridades y evitar la persecución de sus actividades ilegales. Espinoza también subrayó la necesidad urgente de restituir la detención preliminar, una figura legal que permitiría a las autoridades actuar más rápidamente para capturar a los responsables del atentado y otros actos delictivos relacionados.

Desde el punto de vista técnico, las autoridades policiales han señalado que, a raíz del impacto de las explosiones, los daños colaterales no fueron exclusivamente materiales. Varios residentes y transeúntes se vieron afectados por el shock de las detonaciones, lo que generó una oleada de pánico en la zona. La Policía Nacional del Perú (PNP) activó un protocolo de seguridad, desplegando unidades especializadas para recolectar evidencia y realizar una inspección minuciosa del área afectada. Según los primeros reportes de la PNP, las explosiones parecen haber sido cuidadosamente planificadas, dado que el dispositivo explosivo aparentemente fue colocado estratégicamente en una zona donde causaría un daño máximo tanto a la infraestructura del Ministerio Público como a las propiedades circundantes.

El Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien se pronunció horas después del ataque, reconoció la gravedad del atentado y calificó el ataque como un acto criminal cuyo objetivo era amedrentar tanto a las autoridades como a la ciudadanía. En un comunicado oficial, Santiváñez afirmó que este tipo de ataques demuestra la capacidad de los grupos criminales para desafiar la autoridad del Estado y poner en peligro la seguridad pública. A raíz de estos hechos, el Ministerio del Interior ha decidido reforzar la seguridad en la ciudad con un contingente adicional de 100 efectivos policiales provenientes de Lima, quienes se sumarán a los operativos para frenar la expansión de la violencia en la región. La medida se centrará en la implementación de estrategias de control de criminalidad y en el refuerzo de la presencia policial en zonas de alto riesgo.

El Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, también se pronunció sobre el atentado, anunciando su viaje a Trujillo para coordinar personalmente las acciones de seguridad en la ciudad. En declaraciones a la prensa, Adrianzén reconoció que, a pesar de los esfuerzos desplegados en la región, la delincuencia ha logrado desbordar el control de las fuerzas de seguridad locales. Según Adrianzén, los grupos criminales operan con tal capacidad y coordinación que han logrado eludir los operativos policiales, lo que resalta la necesidad urgente de una acción más coordinada y decidida.

En paralelo, el congresista Diego Bazán, de Renovación Popular, calificó el atentado como un acto terrorista, haciendo un paralelismo con los atentados ocurridos durante la época de violencia política en la región de Tarata. Bazán también aprovechó la ocasión para exigir la renuncia del ministro del Interior si no se presenta un plan de acción claro y efectivo para frenar la ola de violencia en el país. Esta declaración subraya el creciente descontento político y social en torno a la situación de seguridad en Perú, especialmente en las regiones más afectadas por la criminalidad organizada.

Por su parte, la PNP ha iniciado una serie de operativos en la zona para identificar y capturar a los responsables del atentado. En una conferencia de prensa, agentes especializados señalaron que las primeras investigaciones apuntan a que el atentado fue perpetrado por grupos vinculados a la minería ilegal, cuya influencia en la región de La Libertad ha ido en aumento. La PNP también ha comenzado a recabar información de inteligencia para identificar las rutas de financiación de estos grupos y las redes de apoyo que operan en la zona.

La situación en Trujillo y la región de La Libertad es alarmante. Este atentado es solo uno más en una serie de actos violentos que han sacudido al país en los últimos meses. La incapacidad del Estado para frenar el avance de la criminalidad ha dejado en evidencia las debilidades del sistema de seguridad pública, lo que genera incertidumbre entre los ciudadanos y pone en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas. El atentado a la Fiscalía de Trujillo no solo resalta la vulnerabilidad de las autoridades ante los grupos criminales, sino también la urgente necesidad de revisar y reformar las políticas de seguridad en Perú.