La Plaza de Armas de Trujillo fue escenario de una protesta masiva en la que cientos de ciudadanos exigieron medidas urgentes para enfrentar la creciente ola de criminalidad que azota la región La Libertad. En un acto simbólico de repudio, los manifestantes quemaron un ataúd en plena plaza, como un mensaje claro contra la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades locales y nacionales. La indignación de la población se centró principalmente en el gobernador regional César Acuña y la presidenta Dina Boluarte, a quienes acusaron de no implementar estrategias eficaces para frenar la violencia que ha marcado este inicio de año.

En lo que va del 2025, la región ha reportado 28 asesinatos, y el crimen organizado, especialmente en forma de extorsiones con dinamita y sicariato, sigue en aumento. Esta ola de violencia ha generado un clima de inseguridad, donde los ciudadanos sienten que el control de las mafias se ha extendido a diversos sectores de la vida cotidiana. La práctica de la extorsión mediante explosivos ha aterrorizado a los comerciantes, quienes temen por la seguridad de sus negocios y de sus familias. En este contexto, los manifestantes de la Plaza de Armas reclamaron una respuesta inmediata ante la ineficacia de las políticas de seguridad pública.

La figura de César Acuña fue duramente criticada durante la movilización. Los manifestantes lo señalaron como uno de los principales responsables de la situación, acusándolo de no tomar decisiones contundentes para mejorar la seguridad en la región. La protesta se hizo sentir con gritos y pancartas que exigían una intervención decisiva. Entre los gritos, se escucharon expresiones como "Acuña nunca más", una clara muestra de desaprobación hacia la gestión del gobernador. Además, algunos manifestantes lo tildaron de "Judas incapaz", lo que refleja el nivel de frustración que existe con su liderazgo.

La quema del ataúd fue un acto simbólico que reflejó el rechazo a la impunidad con la que operan las bandas criminales en la región. En este mismo acto, los ciudadanos exigieron una acción efectiva por parte de la presidenta Dina Boluarte. En sus intervenciones, los manifestantes expresaron que no podían seguir viviendo con el miedo constante de ser víctimas de los delincuentes. "La delincuencia se ha apoderado de nuestras calles", expresó uno de los participantes en la protesta.

Al mismo tiempo, en otro punto de la ciudad, el Gobierno Regional de La Libertad había convocado una "Marcha por la Paz", con el objetivo de unir a la población contra la violencia. Sin embargo, esta marcha no logró el respaldo de todos los trujillanos. Muchos de los ciudadanos que participaban en la protesta de la Plaza de Armas rechazaron la marcha, considerándola politizada. Los asistentes a la marcha por la paz portaban polos con el nombre de César Acuña, lo que fue interpretado por los opositores como una maniobra política, sin un compromiso real con la solución de los problemas de seguridad. La protesta en la Plaza de Armas, en contraste, fue vista como una movilización más genuina, sin intereses políticos, centrada únicamente en la exigencia de justicia.

En cuanto a la situación de violencia en la región, los hechos ocurridos en las últimas 24 horas fueron un claro reflejo de la gravedad del problema. En un lapso de un solo día, tres personas fueron asesinadas en distintos puntos de La Libertad. El primer asesinato se produjo en el anexo de Roma, en el distrito de Casa Grande, donde un futbolista de 18 años fue acribillado mientras entrenaba. Este crimen, como muchos otros en la región, está vinculado al sicariato, una de las principales formas de violencia que se vive en la zona. Pocas horas después, una mujer fue asesinada a balazos durante un asalto en el anexo de Chuín, también en Ascope, lo que subraya la creciente inseguridad en las zonas rurales de la región.

El tercer asesinato se registró en el distrito de Laredo, en la ciudad de Trujillo, actualmente en estado de emergencia debido a la violencia que azota la zona. Javier Hugo Fernández Chacón, de 25 años, fue atacado a tiros mientras se encontraba en una losa deportiva. A pesar de ser trasladado al hospital de Laredo, los médicos confirmaron su fallecimiento. Este trágico episodio subraya cómo la violencia no discrimina entre lugares ni horarios, y resalta la incapacidad de las autoridades locales para garantizar la seguridad de la población.

La situación de extorsión también se ha agudizado en la región. Las extorsiones con dinamita son una constante que afecta principalmente a los comerciantes. Estos actos de violencia se han vuelto una rutina diaria, donde los delincuentes amenazan con colocar explosivos en los establecimientos si no se les paga una "protección". La población ha quedado atrapada en un ciclo de miedo y desesperación, donde muchos empresarios se ven obligados a ceder ante las exigencias de las mafias para evitar ser víctimas de ataques mortales.