El registro militar obligatorio en el Perú, regulado por la Ley N.º 29248, establece que todos los ciudadanos que cumplen 17 años deben inscribirse en el Registro Militar, ya sea de forma presencial o virtual. Esta obligación, gratuita en su proceso inicial, busca mantener actualizada la base de datos de ciudadanos en edad militar, que abarca desde los 17 hasta los 50 años. Este registro constituye un elemento estratégico para la seguridad nacional y habilita a quienes deseen postular al Servicio Militar. No obstante, el incumplimiento de esta normativa acarrea una multa de S/ 267.50, equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, la cual debe ser abonada en el Banco de la Nación para regularizar la situación de los omisos.

El proceso de inscripción ha sido optimizado mediante la implementación de un sistema virtual a través del portal del Ministerio de Defensa (MINDEF). Esta plataforma permite a los jóvenes crear una cuenta, ingresar su información personal y seleccionar su preferencia entre las tres ramas de las Fuerzas Armadas: el Ejército, la Marina de Guerra o la Fuerza Aérea. Para quienes opten por la vía presencial, el trámite se realiza presentando el Documento Nacional de Identidad (DNI) en cualquiera de las oficinas de Registro Militar distribuidas en todo el país, incluyendo 16 sedes de la Fuerza Aérea, 20 de la Marina de Guerra y más de 50 del Ejército. Los peruanos que residen en el extranjero, por su parte, deben inscribirse en los consulados del Perú, garantizando que todos los ciudadanos puedan cumplir con esta obligación cívica sin importar su ubicación geográfica.

Si bien la inscripción no implica un reclutamiento automático, los ciudadanos que opten por realizar el servicio militar pueden acceder a beneficios concretos establecidos en la normativa. Entre estos se encuentran una asignación económica mensual, viáticos por comisiones de servicio, seguro de vida, prestaciones de salud en hospitales militares, y educación técnica productiva e instrucción militar. Estas ventajas están diseñadas para incentivar la participación de los jóvenes y mejorar su inserción en el mercado laboral. Además, el registro asegura la inclusión de los inscritos en el padrón de reserva, una herramienta esencial para movilizar personal en casos de emergencia o crisis que requieran la intervención de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, este marco técnico-administrativo contrasta con una serie de denuncias que han puesto en el foco público las condiciones dentro de las instituciones militares. Un caso que ha generado especial atención es la muerte del soldado Saúl Wilfredo Limachi Abendaño, miembro del Regimiento de Caballería Blindado N° 9 de Pomata. Según el comunicado oficial emitido por la 4ta. Brigada de Montaña del Ejército, Limachi falleció tras ser evacuado al Hospital ESSALUD en Puno por un "trastorno sensorial de etiología a determinar". No obstante, su familia ha denunciado que el soldado ingresó al hospital con fracturas en el cráneo y las costillas, lesiones que sugieren posibles maltratos físicos dentro del cuartel. La madre del joven, Maximiliana Avendaño Quispe, ha exigido explicaciones, cuestionando la versión oficial y denunciando intentos de encubrimiento por parte de las autoridades militares.

Las circunstancias del fallecimiento de Limachi han llevado a que el caso sea investigado mediante una necropsia realizada en la morgue de la ciudad de Juliaca. Aunque las autoridades militares han asegurado que se lleva a cabo una investigación administrativa a través del Sistema de Inspectoría, hasta el momento no se han proporcionado detalles concluyentes sobre las causas exactas de su muerte. Esta falta de transparencia ha incrementado la desconfianza pública hacia las Fuerzas Armadas, alimentada por testimonios locales que denuncian un patrón de abusos y maltratos en las instalaciones militares. La percepción negativa se ve reforzada por otros casos, como el intento de abuso sexual reportado en la Academia Comandos Chavín de Huántar en Puno, donde un menor de 15 años habría sido víctima de un instructor identificado como "García".

Estas denuncias han polarizado la opinión pública sobre la obligatoriedad del registro militar y la función de las Fuerzas Armadas. Mientras algunos alcaldes, como Felipe Castillo de Los Olivos y Néstor de la Rosa de El Rímac, promueven la implementación del servicio militar obligatorio como una medida para enfrentar la inseguridad ciudadana, especialmente entre los jóvenes “ninis” que no estudian ni trabajan, otros sectores cuestionan la capacidad de las instituciones militares para garantizar un entorno seguro y disciplinado para los reclutas.

El registro militar obligatorio, concebido como un mecanismo para fortalecer la seguridad nacional y ofrecer oportunidades a los jóvenes, enfrenta un panorama complicado. Mientras el Ministerio de Defensa promueve los beneficios del trámite y asegura su accesibilidad mediante la plataforma virtual, los casos de abusos, encubrimientos y muertes dentro de las filas militares plantean serias dudas sobre la verdadera naturaleza de este deber cívico. Estos acontecimientos subrayan la necesidad urgente de implementar mecanismos efectivos de supervisión y transparencia para salvaguardar los derechos fundamentales de quienes deciden cumplir con este compromiso. Sin tales garantías, el registro militar corre el riesgo de convertirse en un símbolo de desconfianza en lugar de un instrumento de cohesión y desarrollo nacional.