Poder Judicial ordena levantar secreto bancario de Fredy Hinojosa y empresario fallecido Nilo Burga en caso Qali Warma
El Poder Judicial ha ordenado el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones de Fredy Hinojosa Angulo, exdirector de Qali Warma y actual vocero presidencial de Dina Boluarte, en el marco de una investigación por colusión agravada, organización criminal y cohecho pasivo propio. La medida también alcanza a Nilo Burga, fallecido en diciembre de 2023 y considerado líder de la presunta red de corrupción, así como a otros 19 investigados.

fuente/ Perú21
Eddy Rodrigo
Publicado el 31 de enero, 2025
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El Poder Judicial ha ordenado el levantamiento del secreto bancario de Fredy Hinojosa Angulo, quien ejerció el cargo de director ejecutivo de Qali Warma desde el 27 de marzo de 2019 hasta noviembre de 2022. Esta diligencia surge en el marco de una investigación por presuntos delitos de colusión agravada, organización criminal y cohecho pasivo propio, vinculados a un esquema de corrupción en la adquisición y distribución de conservas cárnicas para niños de escasos recursos.
La resolución judicial dispone la revisión de todos los movimientos bancarios, tanto de cuentas cerradas como de cuentas vigentes, que hayan tenido lugar entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de octubre de 2024. Esta medida alcanza también al fallecido empresario Nilo Lino Francisco Burga Malca, considerado líder de la presunta red criminal, así como a otros 19 investigados señalados como partícipes en la trama de sobornos y acuerdos ilícitos en perjuicio del programa Qali Warma.
De acuerdo con el requerimiento de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la empresa Frigoinca, propiedad de Nilo Burga, habría jugado un papel central al producir y comercializar conservas cárnicas con carne de caballo bajo la marca “Don Simón”. Estas conservas se distribuyeron en distintas unidades territoriales del programa Qali Warma sin haber cumplido, según las pesquisas, los estándares de calidad establecidos.
La tesis fiscal sostiene que Fredy Hinojosa, en su función de director ejecutivo de Qali Warma, habría emitido o promovido disposiciones internas que beneficiaron directamente a Frigoinca. Uno de los cuestionamientos más relevantes es la presunta modificación de las bases de contratación para que los proveedores se vieran obligados a comprar las conservas únicamente a fabricantes locales, lo cual favoreció a la empresa de Burga.
La Fiscalía también advierte que los miembros de la presunta organización criminal habrían acordado un sistema de sobornos que se traducía en pagos mensuales y por cada caja de conserva adquirida. Este mecanismo se basaba en la entrega de dinero en efectivo y la realización de depósitos bancarios mediante cuentas abiertas a nombre de terceras personas, con el fin de ocultar el origen de los fondos ilegales y burlar auditorías.
Nilo Burga, considerado el cabecilla de esta red, fue hallado sin vida en diciembre de 2023, en un hotel ubicado en el distrito limeño de Magdalena. No obstante, las diligencias fiscales continúan para desentrañar la estructura delictiva que habría seguido operando en su ausencia. Su hijo, Michael Burga, es señalado como la figura encargada de mantener contactos directos con los demás implicados para asegurar el cumplimiento de los pactos ilícitos.
Según la información recopilada por el Ministerio Público, Frigoinca habría desembolsado aproximadamente S/298,548 en sobornos. Estas entregas de dinero supuestamente fueron canalizadas a especialistas alimentarios, funcionarios y servidores públicos que mantenían responsabilidad directa o indirecta en la supervisión de los alimentos destinados a Qali Warma. La finalidad de dichos pagos sería garantizar que las conservas de carne de caballo pasaran los controles de calidad.
Entre los presuntos beneficiarios de estos pagos se encuentran varios especialistas alimentarios de la Unidad Territorial Qali Warma, quienes habrían aceptado montos que van desde S/1,500 hasta más de S/30,000. Uno de los casos citados es el de José Stallin Mera Paredes, especialista en la región Cajamarca, sindicado como receptor de S/33,491, presuntamente a cambio de emitir informes favorables a los productos de Frigoinca.
La resolución judicial contempla que las instituciones financieras sujetas a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) proporcionen, en un plazo no mayor a siete días hábiles, datos sobre transferencias, remesas, notas de cargo y abono, así como los formularios de apertura de cuentas relacionadas con Fredy Hinojosa, Nilo Burga y demás investigados. De igual manera, toda la información referente a cartas fianza, operaciones y servicios realizados deberá ser remitida a las autoridades.
Además del levantamiento del secreto bancario, el Poder Judicial autorizó levantar el secreto de las comunicaciones, de modo que las empresas de telefonía América Móvil (Claro), Telefónica del Perú (Movistar), Entel y Bitel presenten en un plazo de 15 días el detalle histórico de llamadas y mensajes de texto, tanto entrantes como salientes, vinculados a los números celulares de los procesados. De esta manera, se espera identificar la posible coordinación entre los integrantes de la organización.
La estructura criminal descrita en la resolución se habría instaurado para perdurar en el tiempo mediante la entrega de pagos ilegales a funcionarios del programa Qali Warma y otras entidades estatales. Este esquema habría permitido que las conservas de “Don Simón” ingresaran al mercado, pese a incumplir estándares de calidad, lo que presuntamente vulneró la salud de niños en situación de pobreza.
Uno de los mecanismos señalados por la Fiscalía para burlar los controles de calidad radicaba en la práctica de enviar a laboratorio conservas que sí contenían carne de res, mientras el grueso de la producción mezclaba carne de res con carne de caballo. Tal operación habría estado bajo supervisión directa del jefe de calidad de Frigoinca, Edgar Capani Paucar, quien, según la investigación, conocía plenamente la naturaleza del engaño.
La contadora de la empresa, Delia Zavaleta Garay, también es mencionada como pieza clave en la coordinación de pagos. Se le atribuye la tarea de programar y concretar las entregas y depósitos monetarios, principalmente a través de la intermediaria Noemí Alvarado Llanos, quien, a su vez, se desplazaba por diferentes regiones ofreciendo sobornos a funcionarios y proveedores de Qali Warma.
En paralelo, el Poder Judicial impuso una orden de impedimento de salida del país por seis meses para Hinojosa y otros 11 investigados. Esta medida cautelar apunta a evitar que los presuntos involucrados eludan el accionar de la justicia mientras se recaban evidencias y testimonios sobre la recepción de dinero a cambio de favores en la adquisición de conservas cárnicas.
Para la Fiscalía, la gravedad de los hechos radica en la afectación directa a la población infantil de escasos recursos, pues el programa Qali Warma está destinado a proveer alimentos saludables a estudiantes de diversas regiones del Perú. Sin embargo, la presunta adulteración de los productos y la supuesta red de sobornos habrían vulnerado la salud y el bienestar de los menores.
Las diligencias continúan para profundizar en la ruta del dinero y determinar si los investigados utilizaron otros métodos para encubrir los sobornos. El levantamiento del secreto bancario, tanto para cuentas vigentes como cerradas, y el acceso al registro de comunicaciones son medidas que se consideran esenciales para develar el alcance total de la organización, así como para identificar a cada uno de sus integrantes.
