La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) ha hecho pública una sanción administrativa de gran impacto para la Academia de la Magistratura (AMAG), un ente encargado de la capacitación de jueces, fiscales y personal del Poder Judicial en Perú. La institución ha sido multada con 87,217.38 soles debido a la oferta de dos programas de maestría sin contar con la licencia correspondiente para brindar educación superior universitaria, lo que constituye una infracción grave contra la normativa que regula la educación superior en el país. Esta sanción pone de manifiesto una serie de irregularidades que, además, involucran a la Universidad de Jaén, en España, con la que AMAG tenía un convenio de cooperación para la ejecución de los programas académicos.

Los programas en cuestión fueron denominados "Máster Propio: Magistratura Contemporánea – La Justicia del Siglo XXI". Según los detalles de la denuncia presentada por SUNEDU, estos cursos se dictaron desde marzo de 2017 hasta octubre de 2020, específicamente en dos ediciones. Los másteres, dirigidos a un grupo selecto de jueces y fiscales del Poder Judicial y el Ministerio Público, fueron promovidos como una oferta educativa impartida por la Universidad de Jaén, aunque las investigaciones de SUNEDU han revelado que, en la práctica, estos se llevaron a cabo en las instalaciones de la AMAG en Lima, con profesores peruanos y sin el respaldo formal de la SUNEDU.

El proceso administrativo que culminó con esta sanción comenzó en 2022, cuando varios de los participantes en los programas solicitaron la revalidación de los títulos obtenidos en dichos másteres. Ante estas solicitudes, SUNEDU inició una revisión del caso y descubrió que, aunque la AMAG y la Universidad de Jaén se publicitaron como los responsables del programa, la mayor parte de las horas lectivas se realizaron presencialmente en Perú, en instalaciones de AMAG, contraviniendo la normativa que exige la licencia correspondiente para ofrecer programas educativos a nivel superior dentro del país. Los títulos emitidos carecían de la validez necesaria, pues no fueron otorgados bajo las condiciones legales exigidas por la ley educativa peruana.

Este escándalo involucró no solo a la AMAG, sino también a la Universidad de Jaén, ya que la SUNEDU decidió poner en conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, así como de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), las irregularidades detectadas en la ejecución de los programas. Esta denuncia de SUNEDU subraya la trascendencia internacional del caso, pues, aunque la AMAG y la Universidad de Jaén colaboraron en la organización del máster, la falta de acreditación en Perú ha afectado la validez de los títulos obtenidos, lo que ha repercutido en la carrera profesional de los participantes.

El convenio entre la AMAG y la Universidad de Jaén se formalizó en noviembre de 2015, cuando Josué Pariona Pastrana, presidente de la AMAG en ese entonces, firmó el acuerdo con el rector de la universidad española, Juan Gómez Ortega. De acuerdo con los registros, el primer máster se dictó entre marzo de 2017 y febrero de 2018, y el segundo entre julio de 2019 y octubre de 2020. Los cursos fueron diseñados para capacitar a jueces, fiscales y otros funcionarios del sistema judicial, otorgándoles puntos en los concursos de nombramiento y ascenso de la Junta Nacional de Justicia (anteriormente Consejo Nacional de la Magistratura). Estos puntos, esenciales para avanzar en la carrera judicial, fueron un atractivo clave que incentivó a los participantes a inscribirse en el programa.

El proceso de inscripción para los participantes fue oneroso. Cada uno de los seleccionados debía abonar 100 soles por concepto de inscripción y 800 soles por gastos administrativos a la AMAG. Además, los participantes debían pagar una suma adicional de entre 1,500 y 1,600 dólares a la Universidad de Jaén, dependiendo de la edición del máster. La falta de licenciamiento para la oferta educativa no solo constituye una irregularidad administrativa, sino también una falta de transparencia, dado que los participantes no fueron debidamente informados sobre la validez de los títulos que obtendrían al finalizar los cursos.

En su defensa, la AMAG argumentó que no era responsable de la prestación directa del servicio educativo, ya que consideraba que solo facilitaba el acceso al programa de la Universidad de Jaén. No obstante, la SUNEDU desestimó este argumento, señalando que la AMAG desempeñó un papel fundamental en la organización y ejecución del máster, incluida la difusión, la convocatoria, la administración de las matrículas y la utilización de sus instalaciones para las clases presenciales. La participación activa de la AMAG en estas actividades configuró una prestación del servicio educativo superior universitario, lo que la obligaba a cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Universitaria para la oferta de programas académicos de posgrado.

El recurso de reconsideración presentado por la AMAG fue rechazado por la SUNEDU, que reafirmó la sanción impuesta. La AMAG había argumentado que el procedimiento sancionador estaba prescrito, ya que los cursos se realizaron entre 2017 y 2020. Sin embargo, la SUNEDU determinó que la segunda edición del programa, que se llevó a cabo entre 2019 y 2020, aún estaba dentro del plazo para imponer la sanción, lo que permitió a la autoridad educativa nacional tomar medidas correctivas. Esta decisión refuerza el compromiso de SUNEDU con la vigilancia de los estándares de calidad en la educación superior y la garantía de que las instituciones que operan en el país cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

La sanción económica impuesta a la AMAG refleja la gravedad de la infracción cometida. Además de la multa, los títulos otorgados por la AMAG y la Universidad de Jaén fueron declarados nulos, lo que afectó a todos los participantes que habían obtenido su certificación a través de estos programas. Muchos de estos profesionales utilizaron los títulos para avanzar en sus carreras dentro del sistema judicial, lo que ahora pone en duda la legitimidad de su ascenso y coloca en una situación comprometida a los involucrados. La medida tomada por SUNEDU tiene como objetivo salvaguardar la integridad del sistema educativo y judicial peruano, además de proteger a los estudiantes de programas no acreditados.

A raíz de esta sanción, la AMAG ha solicitado que la Contraloría General de la República inicie un proceso de control para determinar las responsabilidades en la realización de estos másteres y la posible negligencia de los responsables en la gestión de este convenio internacional. La solicitud de la AMAG subraya la necesidad de esclarecer los hechos y de establecer las responsabilidades de los funcionarios involucrados en la toma de decisiones sobre la realización del programa educativo en colaboración con la Universidad de Jaén.

Este caso destaca una serie de deficiencias en la regulación de los programas de posgrado en Perú, particularmente aquellos ofrecidos en colaboración con universidades extranjeras. La SUNEDU ha dejado claro que no se trata de cuestionar la capacitación de los jueces y fiscales, sino de garantizar que todos los programas de formación superior cumplan con los requisitos legales y académicos establecidos por las autoridades competentes. La transparencia en la oferta educativa es esencial para evitar que situaciones como esta se repitan y para preservar la calidad de la educación superior en el país.