La primera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Juárez, enfrenta una denuncia constitucional interpuesta por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien la acusa, junto a otros diez parlamentarios, de haber cometido el delito de "negociación incompatible". Según el Ministerio Público, los congresistas habrían favorecido la aprobación del Proyecto de Ley N.º 319, un dictamen que permitió que miembros del Parlamento percibieran simultáneamente una pensión y un sueldo, en contravención a los principios de incompatibilidad en el ejercicio de funciones públicas.

La denuncia presentada por la Fiscalía se fundamenta en el rol de los legisladores como integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas durante el período 2021-2022. Se les acusa de haber actuado en beneficio propio al aprobar un texto sustitutorio que facilitó el pago simultáneo de pensiones y remuneraciones a ciertos funcionarios, incluido personal militar y policial. Según la fiscalía, esta decisión habría generado un perjuicio al Estado y constituido un caso evidente de conflicto de intereses, vulnerando el marco legal que regula la administración pública.

Patricia Juárez ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas como infundadas y políticamente motivadas. Argumenta que la aprobación del dictamen se basó en precedentes legales claros, específicamente una sentencia del Tribunal Constitucional que avaló el cobro simultáneo en determinados casos. Juárez sostiene que la medida responde a la naturaleza de las pensiones como un derecho adquirido y no a un beneficio creado de manera irregular. Además, afirma que no hubo negociación incompatible ni beneficio indebido en el proceso legislativo.

En una postura de confrontación directa, Juárez ha acusado a la fiscal de la Nación de infringir el artículo 93 de la Constitución, que garantiza la inviolabilidad del voto parlamentario. Según la congresista, esta prerrogativa protege a los legisladores de ser procesados judicialmente por sus decisiones en el ejercicio de sus funciones. En respuesta, ha anunciado que su equipo jurídico prepara una contradenuncia constitucional contra Delia Espinoza, acusándola de violar la Constitución y de emprender un proceso que socava el equilibrio de poderes en el país.

El Proyecto de Ley N.º 319, que se encuentra en el centro de la controversia, habilitó a militares y policías a percibir simultáneamente pensión y remuneración, un beneficio que, según Juárez, responde a la naturaleza de sus labores y a los derechos adquiridos reconocidos por el Tribunal Constitucional. No obstante, la fiscalía señala que la aprobación del dictamen careció de la transparencia y la objetividad necesarias, acusando a los legisladores de actuar en colusión para obtener ventajas económicas personales, una grave acusación que ha polarizado al Legislativo y al Ministerio Público.

Por otro lado, Juárez también ha rechazado las acusaciones relacionadas con un bono de veinte mil soles otorgado a los trabajadores del Congreso como parte de un convenio colectivo. La parlamentaria aclaró que la Mesa Directiva, de la cual forma parte, no tuvo participación en las negociaciones de dicho bono y recordó que en ocasiones anteriores se han opuesto a bonificaciones adicionales fuera de los acuerdos establecidos. Este tema, aunque no está directamente relacionado con la denuncia de negociación incompatible, ha añadido presión sobre el manejo interno del Congreso.

La denuncia de la fiscalía también incluye a otros legisladores prominentes, como José Williams, Jorge Montoya y Alfredo Azurín, entre otros, todos ellos señalados por su presunta participación en la aprobación del dictamen. Este escenario ha generado un debate intenso sobre los límites de las prerrogativas parlamentarias, la responsabilidad política de los congresistas y la independencia del Ministerio Público.

La congresista Juárez, sin embargo, ha criticado duramente lo que considera un manejo inadecuado por parte del Ministerio Público, acusando a la fiscalía de utilizar procesos legales para perseguir políticamente a parlamentarios. Ha señalado que esta situación no solo afecta al Legislativo, sino que también amenaza con debilitar la institucionalidad del país al fomentar un enfrentamiento innecesario entre poderes del Estado.

La resolución de este caso podría marcar un antes y un después en las relaciones entre el Congreso y el Ministerio Público. Mientras tanto, la atención se centra en el análisis que realizará el Parlamento sobre la denuncia constitucional y la posible contradenuncia que Juárez y su equipo jurídico han anunciado. Este conflicto, cargado de acusaciones de violaciones constitucionales y uso indebido del poder, sigue escalando, consolidándose como uno de los episodios más polémicos en la política peruana reciente.