Dina Boluarte, durante su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, ofreció una narrativa centrada en las “manifestaciones violentas” que se desencadenaron tras asumir el cargo en diciembre de 2022. Sin embargo, el discurso estuvo marcado por la omisión de un hecho central: más de 40 peruanos murieron en el contexto de estas protestas, una cifra que ha generado cuestionamientos internacionales y una doble denuncia en su contra ante la Corte Penal Internacional. Estas omisiones destacan como un intento de proyectar una imagen favorable ante líderes mundiales, mientras las demandas internas permanecen desatendidas.

En su alocución, Boluarte hizo énfasis en el intento de golpe de Estado de su antecesor, Pedro Castillo, calificando sus acciones como propias de “dictadores” y “totalitarios”. Detalló que Castillo ordenó el cierre de instituciones clave como el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo, además de buscar la captura de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Sin embargo, a pesar de este recuento, la mandataria no hizo mención de las repercusiones posteriores de su propia gestión, que incluyeron una respuesta estatal que derivó en muertes y violaciones de derechos humanos, según organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Boluarte afirmó que tras el fallido golpe se desencadenaron 500 manifestaciones en todo el país, calificándolas de “violentas” y atribuyéndolas a una organización premeditada y financiada por economías ilegales como la minería ilegal y el narcotráfico. Según la mandataria, estas protestas involucraron la quema de aeropuertos estratégicos, bloqueos de carreteras que impedían el transporte de alimentos y ambulancias, extorsiones a pobladores para obtener financiamiento y ataques a oficinas del Ministerio Público, donde, afirmó, se encontraban expedientes relacionados con dichas economías ilícitas. Este señalamiento, lejos de esclarecer el panorama, ha sido percibido como un intento de criminalizar el descontento social y desviar la atención de las demandas legítimas de la población.

También aseguró que, frente a la crisis, convocó a instituciones académicas, políticas y religiosas para construir una visión conjunta de país. Resaltó la visita del Tribunal Constitucional y la llegada de embajadores de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, quienes, según Boluarte, acudieron a Palacio para expresar su respaldo. Sin embargo, estas acciones contrastan con la ausencia de medidas claras para garantizar justicia a las víctimas de las protestas, muchas de las cuales fallecieron a causa del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, según han documentado múltiples informes independientes.

El reciente pronunciamiento del general de brigada del Ejército del Perú, Víctor Canales, agregó un nuevo matiz a la controversia. Canales subrayó que Boluarte, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, debe asumir la responsabilidad política y legal por las acciones de los militares durante las manifestaciones. Esta declaración refuerza los argumentos presentados en las denuncias internacionales en su contra y pone en duda su afirmación de que su gobierno ha actuado dentro del marco legal para garantizar el orden.

En el plano internacional, Boluarte no logró evadir las críticas. Antes de su llegada a Davos, un grupo de peruanos se manifestó en el aeropuerto de Zúrich para expresar su rechazo hacia su gestión. Este acto es parte de una serie de protestas que se han replicado en diferentes escenarios internacionales, incluyendo la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en septiembre de 2023, donde connacionales también alzaron la voz contra lo que consideran un gobierno ilegítimo y represivo.

Pese a este escenario adverso, Boluarte aseguró en su discurso que el Perú ha recuperado su “tranquilidad política, económica y social”, describiéndolo como un país confiable para la inversión nacional e internacional. Sin embargo, esta afirmación contradice los datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), que reporta 106 homicidios al 20 de enero de 2025, la cifra más alta registrada para periodos similares desde 2017. Este aumento de la violencia y la inseguridad contrasta profundamente con la imagen de estabilidad que Boluarte intentó proyectar en Davos.

También destacó el rol de las iglesias católicas, evangélicas y cristianas en la promoción de un mensaje de paz, asegurando que el Perú está avanzando hacia una “gobernanza tranquila”. Sin embargo, estas declaraciones no abordan la realidad palpable de un país marcado por la polarización, el descontento social y una crisis de confianza en las instituciones gubernamentales. Su afirmación de que el Perú es un país confiable para la inversión parece diseñada más para el consumo de audiencias internacionales que como un reflejo de la situación interna.

El discurso de Dina Boluarte en Davos, lleno de omisiones estratégicas y afirmaciones polémicas, evidencia un intento de reposicionar su imagen en el ámbito internacional mientras enfrenta crecientes críticos en el plano interno. La falta de reconocimiento explícito de las víctimas de las protestas y la continua criminalización del descontento social refuerzan la percepción de un gobierno desconectado de la realidad que enfrenta la mayoría de los peruanos.