El Gobierno de Dina Boluarte ha sido objeto de diversas acusaciones por parte de figuras vinculadas al ámbito político y gubernamental, quienes afirman ser víctimas de reglaje, una práctica que implica el seguimiento y monitoreo ilegal de personas con el fin de intimidarlas o amedrentarlas. Entre los denunciantes se encuentran nombres clave como el ministro de Desarrollo, Julio Demartini; el exjefe de la Diviac, Harvey Colchado; y el exprimer ministro, Alberto Otárola. Estos individuos, aunque de posiciones políticas distintas, coinciden en señalar que han sido objeto de amenazas y vigilancia constante, lo que plantea graves interrogantes sobre el uso de las herramientas de inteligencia estatal con fines de represión política.

El caso de Demartini, aunque perteneciente al gabinete de Boluarte, también se inscribe dentro de un contexto de creciente incomodidad dentro del propio Gobierno. Si bien se presenta como un aliado del Ejecutivo, su gestión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) se ha visto empañada por el escándalo del programa Qali Warma. Este escándalo no solo ha implicado a Demartini, sino que también ha salpicado a otros funcionarios cercanos a la presidenta, como el vocero presidencial Freddy Hinojosa. La denuncia de reglaje de Demartini podría interpretarse como una respuesta del Gobierno ante los cuestionamientos que amenazan la estabilidad política de Boluarte, lo que implica una clara estrategia de hostigamiento y control de daños.

Por su parte, el exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, ha hecho pública su denuncia sobre el reglaje que asegura está siendo sometido por el Gobierno. En una entrevista concedida a La República, Colchado relató que ha recibido información de policías y civiles que le alertan sobre los intentos de asesinato que, según él, serían orquestados por sectores cercanos a la administración actual. Colchado, quien ha tenido un rol crucial en investigaciones de alto perfil como el caso Rólex, ha asegurado que no teme por su vida, pero se mantiene alerta ante cualquier eventualidad. Esta situación pone en evidencia el uso de los servicios de inteligencia no solo para tareas de seguridad, sino también como herramienta de control político y persecución de disidentes dentro del aparato estatal.

Alberto Otárola, exlíder de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), también ha denunciado ser víctima de reglaje. A través de su cuenta oficial en X, Otárola expuso públicamente que está siendo seguido y hostilizado por los aparatos de inteligencia del Gobierno, mientras la ciudadanía enfrenta los embates de la delincuencia. Además, Otárola solicitó garantías para su seguridad y la de su familia, dada la gravedad de las amenazas que asegura ha recibido. Esta denuncia es especialmente relevante dado que Otárola fue quien reveló que Dina Boluarte se sometió a una operación quirúrgica en la nariz sin notificar al Congreso, lo que derivó en una investigación fiscal por presunto abandono de funciones. El vínculo de Otárola con la denuncia sobre la cirugía presidencial refuerza la percepción de que el reglaje y las amenazas están siendo utilizados como represalias por exponer faltas del Gobierno.

El politólogo Jhimer Monzón ha comentado que, si se comprueban las denuncias de reglaje y amenazas, estaríamos ante una situación en la que el Gobierno de Dina Boluarte recurriría a prácticas propias de una dictadura para silenciar a aquellos que puedan perjudicar su imagen o su estabilidad política. Según Monzón, el uso de herramientas de inteligencia para reprimir a opositores y personas incómodas al régimen demostraría un patrón autoritario, donde el control sobre la información y las voces disidentes se convierte en una prioridad para el Ejecutivo. En este sentido, las denuncias no solo revelan una falta de democracia en el tratamiento de la oposición, sino también una posible violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Desde una perspectiva más política, el analista Benjamín Durand destaca que la baja aprobación del Gobierno y la fragmentación de los acuerdos que sostienen a Boluarte en el poder han contribuido a la creación de un clima de represión. Según Durand, el uso de los servicios de inteligencia para perseguir a opositores refleja una gestión errónea de los conflictos dentro del Gobierno, al priorizar la supervivencia política de la presidenta sobre la solución de problemas reales como el crimen organizado. Esta estrategia no solo socava la legitimidad del Ejecutivo, sino que también aumenta el desapego de la ciudadanía hacia las instituciones del Estado, lo que podría tener consecuencias a largo plazo para la estabilidad política del país.

En el caso específico de Demartini, Durand subraya que las acusaciones de reglaje no son nuevas en la política peruana. Este tipo de prácticas, según el analista, suelen ser utilizadas como una forma de control de daños ante escándalos políticos, como el que involucra al ministro en el caso Qali Warma. El reglaje, en estos casos, se utiliza como una herramienta para callar a aquellos que, desde dentro del Gobierno, ponen en evidencia irregularidades o conductas poco transparentes. De acuerdo con Durand, esta práctica no es aislada, sino que se repite en contextos de alta tensión política, como el que vive actualmente el país.

El caso de Harvey Colchado también pone de manifiesto la utilización de los servicios de inteligencia para hostigar a aquellos que se han convertido en un obstáculo para el Gobierno. Colchado, quien ha sido un actor clave en investigaciones que involucran a altos funcionarios del Gobierno, se ha convertido en un blanco fácil para el régimen, debido a su papel en la lucha contra la corrupción y las irregularidades dentro del Estado. La denuncia de reglaje hecha por Colchado revela cómo el poder del Estado puede ser utilizado para perseguir a aquellos que cuestionan las acciones del Ejecutivo, lo que contribuye a un clima de temor y autocensura.

Por último, Alberto Otárola, al igual que Colchado, se ha convertido en un objetivo del Gobierno debido a su papel en la exposición de irregularidades dentro de la administración de Dina Boluarte. La denuncia de reglaje que ha hecho pública también refleja el ambiente de hostilidad que prevalece dentro del Ejecutivo, donde cualquier persona que ponga en duda las decisiones de la presidenta corre el riesgo de ser atacada y perseguida. Esta situación pone en evidencia la falta de transparencia y la vulnerabilidad de aquellos que, por su posición o por sus declaraciones, se convierten en blancos de la represalia estatal.