El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dirigido severas críticas al Gobierno de Dina Boluarte, señalando su inacción frente a una serie de leyes impulsadas por el Congreso peruano que vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Durante una sesión celebrada en Ginebra el 20 de enero, Luis Ernesto Pedernera Reyna, vicepresidente del comité, destacó que estas iniciativas legislativas contradicen los estándares internacionales suscritos por el Perú y expresó su preocupación ante la falta de observaciones por parte del Poder Ejecutivo.

Entre las leyes cuestionadas se encuentra la Ley del Niño por Nacer, que prioriza los derechos del concebido por encima de otros enfoques reconocidos internacionalmente, así como la propuesta de que los padres puedan elegir los textos escolares, desafiando la obligatoriedad de un currículo nacional. Además, se discute la posibilidad de juzgar a menores de edad como adultos en casos específicos, una medida que el comité ya había calificado como preocupante por contravenir la Convención sobre los Derechos del Niño. Según Pedernera, estas iniciativas están respaldadas por sectores conservadores que se oponen a la educación sexual integral y reproductiva, acusándola de promover una supuesta "ideología de género".

En su intervención, Pedernera interrogó al Ejecutivo sobre su falta de objeciones a estos proyectos de ley, los cuales han sido aprobados en primera y segunda votación sin modificaciones ni debates adicionales. "¿Por qué no se cuestionan estas iniciativas para incorporar la perspectiva de los derechos del niño y garantizar su alineación con los tratados internacionales?", enfatizó.

La sesión también abordó el impacto de la represión policial durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte, donde más de 40 ciudadanos perdieron la vida. Según una carta enviada al comité por el Movimiento de Niños Trabajadores, menores de edad estuvieron entre las víctimas de la violencia estatal, incluyendo casos documentados de disparos y ataques con bombas lacrimógenas. El comité preguntó al Ejecutivo qué medidas se han adoptado para investigar estos hechos, sancionar a los responsables y reparar a las familias afectadas.

El Poder Ejecutivo, representado por la ministra de la Mujer, Teresa Hernández, evitó responder directamente a las acusaciones. En cambio, se limitó a enumerar iniciativas legislativas implementadas por su sector, como la Ley que prohíbe el matrimonio infantil y decretos para proteger a menores sin cuidados parentales. Sin embargo, estas respuestas fueron consideradas insuficientes por el comité y por diversas organizaciones civiles, como Promsex, que criticaron la falta de acciones concretas y contundentes.

En el ámbito político, se cuestionó la reciente politización del proceso de designación del Defensor del Pueblo, una institución que debería operar de manera independiente según los principios de París. Pese a la preocupación manifestada por Pedernera, Hernández no ofreció respuestas claras sobre cómo este proceso afecta a la protección de los derechos de los niños en el país.

Representantes de la sociedad civil, como Promsex y exautoridades, denunciaron la inacción del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de Educación. Según Rossina Guerrero, directora de Promsex, ambos ministerios reflejan gestiones que no solo carecen de resultados, sino que además generan riesgos. Guerrero también criticó el reciente respaldo del ministro de Educación, Morgan Quero, hacia un pastor evangélico acusado de violación, señalándolo como un atentado contra la moral pública.

A estas críticas se sumaron exministros, quienes demandaron la renuncia de los titulares de ambos ministerios. José Luis Gargurevich, exviceministro de Educación, calificó de "mediocre" la gestión actual y recordó los casos de violencia sexual en Condorcanqui, donde las autoridades minimizaron los abusos calificándolos como "prácticas culturales". Según Gargurevich, esta actitud refleja la normalización de la indiferencia estatal frente a graves violaciones de derechos humanos.

La exministra Gloria Montenegro también se pronunció, recordando el caso de Mila, una menor víctima de abuso sexual en cuyo proceso el Ministerio de la Mujer actuó en contra del bienestar de la niña. Montenegro criticó la corrupción, impunidad y falta de interés por los derechos de la infancia, señalando que las prioridades políticas están lejos de proteger a los más vulnerables.

Ante ello, es evidente la crisis institucional en la protección de los derechos de la niñez en el Perú. Es decir, mientras las autoridades continúan evadiendo sus responsabilidades, el comité de la ONU, organizaciones civiles y expertos exigen respuestas y acciones concretas para revertir un panorama que amenaza con perpetuar la vulneración de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes en el país.