El gobierno de Dina Boluarte ha solicitado al Congreso de la República del Perú que se priorice con urgencia el debate del proyecto de ley que propone la creación del Ministerio de Infraestructura (MI). Esta solicitud fue formalizada mediante un oficio enviado por el primer ministro, Gustavo Adrianzén, al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, el 15 de enero de 2025. En el oficio, Adrianzén instó a que se tome en cuenta la urgencia de este proyecto para asegurar su oportuna discusión y aprobación, siguiendo lo establecido en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú. El objetivo es que el nuevo ministerio se encargue de planificar, coordinar, formular, ejecutar y supervisar la infraestructura de las instituciones del Estado, garantizando así una gestión eficiente de los recursos destinados a las obras públicas.

Desde su presentación, el proyecto ha estado en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, donde se encuentra estancado desde agosto de 2024. A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo, el proyecto no ha avanzado significativamente en su tramitación. En un intento por acelerar el proceso, el gobierno asegura que la creación de este ministerio debería ser considerada una prioridad, dada la importancia de la infraestructura en el desarrollo económico y social del país. Según declaraciones de Gustavo Adrianzén, el Ministerio de Infraestructura podría comenzar a operar antes del 28 de julio de 2025, si el Congreso aprueba la propuesta en los próximos meses.

El propósito del Ministerio de Infraestructura es centralizar la gestión de los proyectos de infraestructura del gobierno, que actualmente están distribuidos entre diferentes ministerios, lo que, según el Ejecutivo, genera una falta de coordinación y eficiencia. A través de la creación de este ministerio, se pretende optimizar la ejecución de las obras públicas, asegurando que se lleven a cabo bajo una dirección unificada y especializada. Adrianzén ha enfatizado que este cambio estructural permitirá mejorar la planificación y ejecución de proyectos de gran envergadura, reduciendo los costos y tiempos de construcción, lo que beneficiaría a la ciudadanía al garantizar una mayor calidad y rapidez en la entrega de obras públicas.

El Gobierno también ha mencionado que esta nueva institución permitiría un control concurrente por parte de la Contraloría General de la República, lo que significaría que las auditorías y el seguimiento de las obras serían más efectivos, ya que no tendrían que realizarse a través de diferentes entidades. Además, se destacó la importancia de centralizar las unidades de inversión de los ministerios que actualmente gestionan proyectos de infraestructura, como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Según los promotores de la iniciativa, es esencial que las obras sean gestionadas por especialistas en infraestructura, y no por personas ajenas a la construcción, como médicos o educadores.

A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo, la propuesta ha generado una serie de oposiciones dentro del Congreso. Parlamentarios de seis bancadas, incluyendo Perú Libre, Podemos Perú, Acción Popular, Bloque Democrático y Bancada Socialista, han expresado su desacuerdo con la creación de un nuevo ministerio. Uno de los principales argumentos en contra es la preocupación sobre el aumento del gasto público y la burocracia. Para muchos de estos congresistas, la creación del Ministerio de Infraestructura representaría un gasto innecesario para el Estado, sin una garantía de que el nuevo ministerio realmente solucionaría los problemas de ejecución de obras públicas.

El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, ha argumentado que la creación de este ministerio no resolvería los problemas estructurales del sector, y que, de aprobarse, sería el próximo gobierno el que tendría que asumir la responsabilidad de poner en marcha la nueva entidad. Soto también recordó que en 2024 se aprobó la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), un organismo encargado de gestionar los proyectos de infraestructura en el país. Según él, crear un nuevo ministerio sería redundante y costoso, ya que la ANIN aún no ha tenido tiempo suficiente para implementar su propuesta. Soto considera que, en lugar de crear más entidades, se debería optimizar la gestión de las que ya existen.

Por su parte, el congresista de Perú Libre, José Balcázar, ha señalado que el proyecto implicaría mayores gastos burocráticos y no resolvería los problemas de corrupción o de control en la ejecución de obras. Para Balcázar, el gobierno de Dina Boluarte ha demostrado no tener una estrategia clara para abordar la corrupción, y considera que la creación de un nuevo ministerio solo empeoraría la situación. En lugar de expandir el aparato estatal, Balcázar sugiere que el Estado debería ser más eficiente y menos burocrático. Además, se ha mostrado en contra de que el nuevo ministerio sea creado bajo el actual gobierno, ya que considera que no hay garantías de que funcione correctamente debido a los escándalos de corrupción que han afectado al Ejecutivo.

Ruth Luque, congresista del Bloque Democrático, también ha expresado su oposición, señalando que la creación de un nuevo ministerio no resolvería los problemas de obras paralizadas que aquejan al país. Según Luque, lo que se necesita no es un nuevo ministerio, sino una reestructuración de las instituciones existentes para mejorar la transparencia y la eficiencia en la gestión de proyectos. Para ella, el Ejecutivo no ha demostrado capacidad para manejar la corrupción, por lo que no cree que un nuevo ministerio vaya a ser la solución a los problemas de infraestructura.

El congresista de la Bancada Socialista, Alex Flores, ha hecho un argumento similar, señalando que la centralización de la administración pública no necesariamente se traducirá en una mayor eficiencia. Según Flores, la creación del ministerio no garantizaría una mejor ejecución de las obras públicas, y podría conducir a una mayor concentración del poder y a una falta de transparencia en la gestión de los recursos. Para él, lo que realmente se necesita es una simplificación de los procesos y un control más estricto en la celebración de contratos, en lugar de crear nuevas entidades.

Digna Calle, congresista de Podemos Perú, también ha expresado su desacuerdo con el proyecto, argumentando que la creación de un nuevo ministerio no garantizaría la correcta ejecución de los proyectos de infraestructura. Según Calle, lo que se necesita es simplificar los trámites burocráticos y mejorar la fiscalización de los contratos, no aumentar el gasto público mediante la creación de una nueva institución. Calle considera que la creación de ministerios no es la solución a los problemas de infraestructura, y que el Ejecutivo debería centrarse en mejorar los procesos dentro de las entidades existentes.

En cuanto a la bancada de Renovación Popular, su vocero, Alejandro Muñante, ha señalado que votarán en contra de la propuesta, ya que consideran que la creación de un nuevo ministerio solo aumentaría la burocracia y los gastos del Estado, sin garantizar una mejora en la ejecución de las obras públicas. Muñante ha destacado que, en lugar de crear nuevas entidades, el Ejecutivo debería centrarse en optimizar las que ya existen para mejorar la eficiencia en la gestión pública.

Por otro lado, la postura de Alianza para el Progreso (APP), bancada presidida por Eduardo Salhuana, aún no ha sido completamente definida. Aunque Salhuana ha enviado el oficio del Ejecutivo a las comisiones correspondientes para que se priorice el debate, no está claro si su bancada apoyará la propuesta o se alineará con la oposición. La postura de APP será clave para determinar el futuro del proyecto, ya que esta bancada tiene una representación significativa en el Congreso.