La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha destapado un escándalo que apunta directamente a la cúspide del poder político reciente en el Perú. Guido Bellido Ugarte, expresidente del Consejo de Ministros, y Roberto Helbert Sánchez Palomino, exministro de Comercio Exterior y Turismo, han sido acusados de delitos graves en agravio del Estado. Las imputaciones incluyen tráfico de influencias agravado y negociación incompatible, acciones que, de ser comprobadas, configurarían un acto de corrupción deliberado y estructurado.

Guido Bellido Ugarte, quien lideró el Consejo de Ministros en uno de los periodos más convulsos de la política peruana, habría utilizado su posición para ejercer una influencia indebida sobre Roberto Sánchez. Según el comunicado oficial, Bellido presionó directamente al entonces titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para que este contratara a Daniel Abarca como asesor I en dicho ministerio. Este hecho no solo violaría los principios básicos de meritocracia y transparencia, sino que estaría relacionado con beneficios personales otorgados a través de la contratación. Entre las irregularidades destacadas figura la cesión de un departamento ubicado en San Miguel, presuntamente facilitado de manera irregular, y la compra de pasajes aéreos para terceros. Estos elementos, de acuerdo con la Fiscalía, constituyen pruebas clave del abuso de poder ejercido por Bellido para garantizar ventajas indebidas en el entorno gubernamental.

Por otro lado, Roberto Helbert Sánchez Palomino enfrenta cargos por negociación incompatible, un delito que implica la utilización de su posición para favorecerse de decisiones administrativas contrarias a los intereses del Estado. Sánchez, en su calidad de ministro, habría accedido a las presiones de Bellido, consolidando un esquema de colusión que terminó beneficiándolo personalmente. La contratación de Daniel Abarca no solo violó los estándares éticos y legales, sino que también habría tenido como trasfondo un acuerdo entre ambas partes, mediante el cual se materializó una relación laboral que sirvió como vehículo para concretar beneficios privados. Este comportamiento no solo refleja un desprecio por la legalidad, sino que expone un manejo discrecional y corrupto de los recursos públicos.

El Ministerio Público ha señalado que los hechos descritos representan un grave perjuicio al Estado, tanto en términos económicos como en la erosión de la confianza ciudadana hacia las instituciones. La cesión de un departamento y la adquisición de pasajes aéreos no son simples gestos aislados, sino símbolos de un sistema político que, de ser confirmadas las acusaciones, habría estado dispuesto a instrumentalizar bienes y recursos estatales en beneficio de unos pocos. Esto, sumado a la colusión entre dos altos funcionarios, apunta a la existencia de una estructura de corrupción que socava los cimientos del servicio público.