La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó con 16 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones el informe final que propone inhabilitar al expresidente Martín Vizcarra por un periodo de 10 años para ejercer cargos públicos. Esta medida, fundamentada en una presunta infracción al artículo 134 de la Constitución Política del Estado, responde a la polémica disolución del Congreso efectuada en septiembre de 2019. El informe fue sustentado por Héctor Ventura, parlamentario de Fuerza Popular, quien presentó un conjunto de pruebas y argumentos que respaldan esta propuesta.

En el epicentro de esta controversia está el artículo 134, el cual establece los límites constitucionales para la disolución del Parlamento. Vizcarra, en un acto sin precedentes, decidió cerrar el Congreso tras el rechazo a la cuestión de confianza planteada por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Esta solicitud buscaba modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional (TC) y llevar a cabo una elección transparente de magistrados por concurso público. El Congreso, en una decisión que marcaría el inicio de esta crisis institucional, eligió a un miembro del TC antes de aceptar la cuestión de confianza, lo que derivó en lo que Vizcarra calificó como una "denegación fáctica".

El informe de la SAC también se extiende a otros actores clave. Salvador del Solar y Vicente Zeballos, quienes ocuparon puestos ministeriales durante el gobierno de Vizcarra, enfrentan inhabilitaciones de cinco años por su rol en los acontecimientos. Del Solar, quien ha defendido públicamente la constitucionalidad de sus acciones, reiteró que volvería a plantear la cuestión de confianza bajo las mismas condiciones, calificando la decisión como una expresión legítima del Ejecutivo para garantizar la transparencia en el proceso de selección del TC.

En un comunicado publicado en redes sociales, Salvador del Solar rechazó categóricamente el informe, calificándolo de "discriminatorio" y basado en "mentiras evidentes". Argumentó que el proceso refleja un intento de descalificar a adversarios políticos, alejándose de los precedentes establecidos por el propio Congreso. Paralelamente, la SAC aprobó una denuncia constitucional contra Vizcarra por el nombramiento irregular de Daniel Soria como procurador general del Estado, una acusación que también incluye a la exministra de Justicia, Ana Revilla.

Sin embargo, la inhabilitación de Martín Vizcarra no es un episodio aislado en su historial político. De ser ratificada por el Pleno, esta sería la tercera sanción de este tipo en su contra. La primera, aprobada en abril de 2021, lo inhabilitó por 10 años tras el escándalo conocido como "VacunaGate". La segunda, en mayo de 2022, le impuso una sanción de cinco años por vínculos con empresas privadas mientras desempeñaba el cargo de ministro de Transportes. Este contexto añade una dimensión histórica y técnica a la decisión del Congreso, consolidando un precedente sobre la fiscalización de las máximas autoridades del Estado.