La defensa que la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, que hizo del Gobierno de Dina Boluarte ha generado un foco de polémica al respaldar la afirmación de que “no hay manchas de corrupción” en la actual administración, a pesar de que la propia presidenta enfrenta dos investigaciones fiscales y que el escándalo de Qali Warma involucra a autoridades de alto rango. En repetidas ocasiones, la ministra insistió en que no existe un “Club de la Construcción ni Odebrecht” que comprometa a Boluarte, minimizando los señalamientos de corrupción a meros “errores” o hechos aislados que, según ella, no tendrían relación directa con los funcionarios de primer nivel.

Sin embargo, el caso Qali Warma, investigado por la Fiscalía, expone un presunto favorecimiento a la empresa Frigoinca, encargada de producir y distribuir alimentos enlatados para menores en situación de vulnerabilidad. Lo que ha encendido las alarmas son las denuncias de que estos productos contendrían carne de “caballo” no apta para consumo humano, un hecho que podría poner en riesgo la salud de niños de escasos recursos. Aun así, la ministra León se mostró firme al asegurar que la presidenta no tendría responsabilidad en esta situación, remarcando que “los responsables tendrán que pagar por ello” pero descartando cualquier vinculación directa con Boluarte y con el titular del sector involucrado, Julio Demartini.

Las sospechas en torno al Ejecutivo no se detienen con Qali Warma. La presidenta Boluarte enfrenta, en paralelo, dos procesos de investigación por parte del Ministerio Público. El primero de ellos apunta al uso del vehículo presidencial, presuntamente implicado en hechos relacionados con la captura de Vladimir Cerrón. El segundo se basa en un posible delito de cohecho, producto de una reunión con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la que, según testigos, se habría solicitado la continuidad del general Alfaro. Aun con estos señalamientos, la mandataria ha insistido en que al término de su gestión no tendrá denuncias de carácter corrupto y que su gobierno dejará “una marca de honestidad y transparencia”.

En el mismo escenario, se ha cuestionado la reciente observación que el Ejecutivo presentó a la Ley de Detención Preliminar, la cual elimina su aplicación en casos de corrupción de funcionarios públicos y otros delitos graves. Ante la ola de críticas por considerar que podría beneficiar a allegados a la presidenta, la ministra León defendió la medida como un acto de responsabilidad para “mejorar” la norma, negando que se trate de un blindaje dirigido a altos funcionarios o al círculo cercano de Boluarte. Sin embargo, esta posición ha alimentado la controversia, dada la preocupación de que se restrinja el alcance legal que permite intervenir cuando existen indicios de actos ilícitos al interior del Estado.

La tensión crece al surgir la posibilidad de cambios en el gabinete, rumor que la propia ministra León no desmintió del todo al reconocer que “todos los ministros siempre estamos en evaluación”. Aun así, insistió en que cualquier modificación será potestad exclusiva de la jefa de Estado y que, por el momento, Fredy Hinojosa, exdirector ejecutivo de Qali Warma y hoy vocero presidencial, permanecerá en su cargo pese al levantamiento de su secreto bancario y de comunicaciones por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y cohecho pasivo propio.