La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra once congresistas ante el Congreso de la República. Los acusados, integrantes de diversas bancadas parlamentarias, son señalados como presuntos autores del delito de negociación incompatible en agravio del Estado, derivado de sus actuaciones en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas durante el periodo legislativo 2021-2022.

Entre los denunciados figuran nombres destacados del Congreso: José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León, José Ernesto Cueto Aservi, Alfredo Azurín Loayza, Hamlet Echevarría Rodríguez, Américo Gonza Castillo, Carmen Patricia Juárez Gallegos, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Pedro Martínez Talavera y Lucinda Vásquez Vela. La denuncia apunta a que los mencionados habrían promovido el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.º 319/2021-CR y su texto sustitutorio, con el cual se permitió que algunos congresistas accedieran a una doble percepción económica, combinando sueldo y pensión, sin límites en el monto total percibido.

El dictamen cuestionado, aprobado bajo la dirección de esta comisión, habría beneficiado directamente a los congresistas Williams Zapata, Montoya Manrique, Chiabra León, Cueto Aservi y Azurín Loayza, quienes percibieron simultáneamente sueldos como funcionarios públicos y pensiones en su calidad de exmiembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Este beneficio vulneraría el principio de interés público, ya que se les atribuye un presunto interés indebido al priorizar sus beneficios personales sobre las responsabilidades institucionales, lo que constituye un acto de presunta negociación incompatible.