Poder Judicial ratifica impedimento de salida del país contra Fredy Hinojosa por su vinculación con organización criminal en el caso Qali Warma
El Poder Judicial de Perú ha confirmado el impedimento de salida del país por seis meses contra Fredy Hinojosa. La Fiscalía lo acusa de modificar normativas del programa de alimentación escolar para beneficiar a la empresa Frigoinca, facilitando contratos millonarios. Las investigaciones siguen en curso, apuntando a un esquema de corrupción que involucró a varios funcionarios y empresarios, con el fin de desviar recursos del Estado hacia intereses privados.

fuente/ Perú 21
Eddy Rodrigo
Publicado el 04 de febrero, 2025
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El Poder Judicial de Perú ha ratificado el impedimento de salida del país por un período de seis meses contra Fredy Hinojosa, quien actualmente ejerce como vocero presidencial. La medida fue confirmada tras una apelación presentada por la defensa del investigado, en el marco de la investigación por su presunta participación en una organización criminal vinculada al caso Qali Warma, el programa estatal destinado a proveer alimentos a escolares. La decisión, que sigue la recomendación de la Fiscalía, busca evitar que Hinojosa eluda el proceso judicial en curso, asegurando así la integridad de las investigaciones.
La confirmación de la medida judicial se da en el contexto de una serie de acusaciones graves que pesan sobre Hinojosa, entre las cuales se encuentra su presunta vinculación con una red delictiva dedicada a la colusión y el tráfico de influencias. La Fiscalía ha presentado pruebas que sugieren que Hinojosa, durante su gestión como director ejecutivo del programa Qali Warma, habría facilitado contratos ilegales para la empresa Frigoinca, propiedad de Nilo Burga, favoreciendo así la comercialización de productos de la marca "Don Simón". Estos contratos, según las autoridades, habrían sido otorgados bajo condiciones fraudulentas, afectando directamente al erario público.
La investigación judicial se centra en las acciones de Hinojosa entre 2019 y 2022, periodo en el que se le señala como uno de los principales responsables de alterar las normativas del programa Qali Warma. Según la Fiscalía, Hinojosa habría modificado el reglamento del programa para permitir que los productos de Frigoinca, especialmente las conservas de res bajo la marca "Don Simón", fueran considerados como productos "macroregionales". Esta modificación reglamentaria favoreció directamente a Frigoinca, que se vio beneficiada con contratos millonarios, al ser la única empresa autorizada para suministrar ciertos productos al programa de alimentación escolar.
En detalle, la alteración del reglamento de Qali Warma obligó a los proveedores a adquirir los productos "macroregionales", lo que, en la práctica, favoreció a la empresa de Burga al consolidar su monopolio en ciertas regiones del país, particularmente en el sur de Perú. Esta maniobra, según la Fiscalía, no solo benefició a Frigoinca, sino que también permitió la creación de una empresa ficticia llamada Tierra Inca Food, bajo la marca "Don Nilo", que facilitó aún más la adjudicación de contratos en el marco de Qali Warma, favoreciendo a Burga y sus asociados.
La investigación también se basa en testimonios clave, como el de Noemí Alvarado, extrabajadora de Frigoinca, quien declaró que Hinojosa fue pieza fundamental en la manipulación de los procesos de contratación del programa. Según Alvarado, Hinojosa modificó los requisitos y condiciones para favorecer a Frigoinca y garantizar que la empresa obtuviera contratos por un monto significativo. Entre 2019 y 2022, la empresa de Burga firmó 108 contratos con Qali Warma bajo la modalidad de fabricante, lo que generó ingresos superiores a los 238 millones de soles, una cifra que ha sido clave para entender la magnitud de las irregularidades cometidas.
Las autoridades también investigan la participación de otros individuos en esta red de corrupción, entre los que se encuentran 11 personas más, además de Hinojosa. Algunos de los nombres mencionados incluyen a Michael Burga, Edgar Capani, Delia Zavaleta, y Víctor Salazar, quienes son señalados como miembros de la organización criminal que operaba en el ámbito de los contratos públicos relacionados con el programa Qali Warma. La Fiscalía sostiene que estos individuos habrían trabajado de manera conjunta para manipular el proceso de contratación y garantizar que Frigoinca fuera la principal proveedora de alimentos en el programa escolar.
El caso ha cobrado relevancia por su impacto en la confianza pública en la administración del programa Qali Warma, el cual tiene como objetivo garantizar la alimentación de miles de niños en situación de vulnerabilidad. Las investigaciones buscan determinar con exactitud el papel de cada uno de los involucrados en este esquema de corrupción y si el perjuicio económico al Estado fue aún mayor al estimado inicialmente. La magnitud de los contratos otorgados a Frigoinca y las pruebas de manipulación administrativa sugieren una operación más amplia de lo que inicialmente se pensó.
En cuanto a las acciones de Hinojosa, la Fiscalía ha apuntado que su rol en la modificación de las normativas y su influencia dentro del programa fueron determinantes para que Frigoinca se convirtiera en la principal beneficiaria de los contratos. Además, se ha argumentado que Hinojosa habría coordinado con otros funcionarios para evitar que se realizara un examen de ADN a los productos suministrados por la empresa, con el fin de ocultar las irregularidades en la calidad de los alimentos distribuidos. Estas acciones de obstrucción habrían tenido como objetivo garantizar que Frigoinca se mantuviera como el único proveedor de ciertos productos esenciales para el programa.
A pesar de que la defensa de Hinojosa ha presentado argumentos para impugnar la medida de impedimento de salida del país, estos fueron desestimados por el Poder Judicial, lo que refuerza la confianza de las autoridades en la solidez de la investigación. La ratificación de la medida busca evitar que el investigado pueda huir del país y eludir las consecuencias legales de sus actos. La decisión judicial también resalta la importancia de garantizar la transparencia y el debido proceso en los casos de corrupción, especialmente cuando están involucrados altos funcionarios del gobierno.
Con esta medida, las autoridades judiciales pretenden asegurar que Hinojosa no interfiera en el desarrollo de las investigaciones y que pueda ser procesado conforme a la ley. La confirmación del impedimento de salida del país también tiene un efecto simbólico, enviando un mensaje claro sobre el compromiso del sistema judicial con la lucha contra la corrupción y la impunidad en el ámbito público. A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles sobre cómo operaba esta red de corrupción y qué otros funcionarios pudieron haber estado involucrados en el esquema ilícito.
