La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha iniciado un procedimiento sancionador contra el partido político Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, debido a presuntas irregularidades en el uso del financiamiento público directo otorgado por el Estado. Según el informe técnico elaborado por la ONPE, se detectó que Fujimori utilizó S/27,921.53 para financiar un viaje realizado entre el 28 y el 31 de mayo de 2024 a Estados Unidos, específicamente al estado de California. Este gasto, según el organismo electoral, constituye una infracción a la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), que regula estrictamente los usos permitidos para estos fondos.

El financiamiento público directo es un recurso económico proveniente del tesoro público que se asigna a los partidos políticos con representación en el Congreso. Este fondo tiene como propósito exclusivo apoyar actividades como la formación, capacitación, investigación y funcionamiento ordinario de las organizaciones políticas. La ley establece que el monto destinado a cada partido equivale al 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada voto válido emitido en las elecciones congresales. Dichos fondos se distribuyen anualmente en cinco partes, de las cuales el 40% se reparte de manera igualitaria entre todos los partidos con representación en el Congreso, y el 60% restante se asigna proporcionalmente según la cantidad de votos obtenidos por cada organización.

El informe técnico de la ONPE revela que el viaje de Fujimori no cumplió con los requisitos legales para ser considerado un gasto adecuado. En primer lugar, el traslado no fue comunicado con la antelación mínima de 15 días, como exige la normativa, lo que constituye una infracción administrativa. Además, aunque Fujimori justificó su visita como parte de una invitación académica de la Dominican University of California, donde participó en un evento con la comunidad local, la ONPE determinó que esta actividad no estaba directamente relacionada con los fines de formación o capacitación política que establece la ley.

Junto a Fujimori, también participaron en el viaje el excongresista Juan del Águila y el asesor Marko Pacheco, cuyos costos de traslado fueron igualmente cubiertos con fondos públicos. Este caso no es el único cuestionamiento relacionado con Fuerza Popular. El informe técnico también señala que Miguel ‘Miki’ Torres, vocero del partido, realizó un viaje a Austria en 2024 para participar en una convención de líderes católicos, con un gasto de S/15,066. La ONPE rechazó la justificación presentada por el partido, que calificó este gasto como parte de la “defensa de la familia y la promoción de ideas”, argumentando que no cumple con los criterios de capacitación o funcionamiento establecidos en la normativa.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, confirmó el inicio del procedimiento sancionador y explicó que, en su rol como órgano sancionador, no puede adelantar opiniones sobre el desenlace del expediente. Sin embargo, remarcó que el financiamiento público debe usarse exclusivamente para actividades relacionadas con la capacitación y el funcionamiento del partido. Corvetto señaló en entrevista con Canal N: “Si no se encuentra sustentado de esa manera, no está debidamente utilizado el financiamiento público directo”.

El proceso sancionador ocurre en un contexto en el que Keiko Fujimori enfrenta múltiples desafíos legales. En mayo de 2024, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional la revocación de la comparecencia con restricciones que pesaba sobre Fujimori, alegando que esta incumplió las reglas de conducta impuestas en el caso Cócteles. Según la fiscalía, Fujimori habría salido de su domicilio sin la autorización previa del juzgado, lo que vulnera las restricciones legales bajo las cuales se encontraba.

La gravedad del caso radica en que el uso indebido de fondos públicos no solo implica sanciones administrativas, sino que también genera cuestionamientos sobre la transparencia y la gestión ética de los recursos estatales por parte de los partidos políticos. En este sentido, la ONPE también detectó irregularidades similares en el partido Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga. Entre las observaciones señaladas, se identificó el uso de S/4,000 para la promoción de la cuenta de TikTok de López Aliaga, así como el pago de S/28,000 a un abogado en el marco de una investigación sobre lavado de activos y asociación ilícita. La ONPE determinó que estos gastos no corresponden a actividades permitidas por la ley, ya que promueven intereses personales o están desvinculados de los objetivos de capacitación y funcionamiento político.

El financiamiento público directo es una herramienta clave para fortalecer las instituciones democráticas y garantizar la sostenibilidad de las organizaciones políticas. Sin embargo, casos como el de Fuerza Popular y Renovación Popular ponen en evidencia la necesidad de una supervisión más estricta y mecanismos de rendición de cuentas más sólidos para evitar el uso indebido de recursos estatales destinados al desarrollo político del país.