El 4 de marzo de 2025, a las 9:00 a.m., se llevará a cabo el inicio del juicio oral contra Pedro Castillo, expresidente de la República del Perú, por los graves cargos relacionados con el supuesto golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, encargada de juzgar los delitos cometidos por los procesados, ha fijado esta fecha para que Castillo y sus coacusados enfrenten los cargos en su contra, específicamente por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La Fiscalía ha solicitado una condena de 34 años de prisión para Castillo, además de una reparación civil por un monto superior a los 65 millones de soles, los cuales deben ser pagados de forma solidaria entre todos los acusados.

El juicio también involucra a otros exfuncionarios cercanos a Castillo. Entre ellos se encuentran Betssy Chávez, exjefa del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, exasesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y exprimer ministro, y Willy Huerta, exministro del Interior. Además, tres oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) están siendo procesados: el general Manuel Lozada, el comandante Jesús Venero y el teniente Eder Infanzón. Los exfuncionarios enfrentan una acusación de rebelión, y las penas solicitadas para ellos varían entre 15 y 25 años de prisión, dependiendo de su rol en los hechos ocurridos el 7 de diciembre. La acusación también incluye la solicitud de inhabilitación para ejercer cargos públicos y reparación civil.

La acusación contra Pedro Castillo se basa en que, en complicidad con sus colaboradores más cercanos, organizó y ejecutó un golpe de Estado al anunciar, el 7 de diciembre, la disolución inconstitucional del Congreso de la República. A través de un mensaje televisado en cadena nacional, Castillo intentó intervenir todas las instituciones del sistema judicial y declaró un estado de emergencia sin el respaldo de la Constitución. La Fiscalía considera que estas acciones constituyen un quiebre grave del orden constitucional y un intento de establecer un régimen autoritario en el país, lo que justifica la solicitud de una pena de 34 años de prisión y la reparación civil correspondiente.

El juicio se desarrollará en el penal de Barbadillo, ubicado en Ate, en un formato mixto. Las sesiones se celebrarán tres veces a la semana, los días martes, jueves y viernes, en un formato presencial, pero con la posibilidad de que algunas intervenciones y testificaciones se realicen de manera virtual, facilitando el acceso a los involucrados y los testigos. Esta modalidad tiene como objetivo asegurar que el juicio se realice con eficiencia, manteniendo la participación activa de todos los involucrados sin que el proceso se vea interrumpido por cuestiones logísticas.

La acusación se respalda con una amplia gama de pruebas que incluyen testimonios de 41 testigos, 25 testigos propuestos por los acusados, así como 16 documentos probatorios y tres peritos, quienes presentarán sus informes durante el juicio. Entre los testigos citados, se incluyen exministros como Alejandro Salas, Emilio Bobbio y Heidy Juárez, quienes darán cuenta de las reuniones previas al golpe de Estado en las que se discutieron estrategias y se dieron instrucciones sobre las acciones a seguir. También se citan periodistas de TV Perú que estuvieron presentes en Palacio de Gobierno, donde se preparó la transmisión del mensaje presidencial que anunciaba la disolución del Congreso. Estos testigos desempeñarán un papel crucial al ofrecer detalles sobre las coordinaciones internas dentro del gobierno y las decisiones clave tomadas en ese momento.

El caso abarca los eventos ocurridos antes, durante y después del golpe de Estado. En cuanto a la fase previa, la acusación destaca que se produjo un contexto político tenso, con una solicitud de vacancia presidencial en el Congreso y la aparición de testimonios que implican a Castillo en presuntos actos de corrupción. A nivel gubernamental, se realizaron una serie de reuniones entre el presidente y sus ministros en la jornada previa al mensaje golpista. En estas reuniones, según la Fiscalía, se habría diseñado la estrategia para proceder con la disolución del Congreso y la intervención de las instituciones clave del sistema de justicia, algo que los acusados niegan categóricamente.

Durante el día del golpe, las acusaciones incluyen las coordinaciones para que el mensaje golpista fuera transmitido en cadena nacional, a través de la señal de TV Perú, así como las instrucciones dadas para evitar la entrada de los legisladores y trabajadores al Congreso. Según la acusación, la disolución del Congreso fue seguida de un intento de Castillo por manipular al Ejército y la Policía Nacional para asegurarse de que sus planes tuvieran éxito. Además, se le imputa el haber utilizado a la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para ejecutar el golpe, violando principios constitucionales y la legalidad en general.

Tras la transmisión del mensaje y la disolución del Congreso, varios ministros renunciaron en bloque, lo que evidencia el grado de desestabilización que se produjo en el gobierno. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas también emitieron pronunciamientos en contra de las acciones de Castillo, lo que culminó en su detención. Los oficiales de la PNP implicados en el caso, según la Fiscalía, actuaron para bloquear el acceso al Congreso y facilitar la implementación de las órdenes golpistas, un punto crucial en la acusación.

En cuanto a los testigos de la defensa, se espera que varios de ellos intenten desvirtuar las acusaciones presentadas por la Fiscalía. La defensa de los acusados ha presentado recursos y apelaciones para obtener cambios en las medidas cautelares, buscando la liberación de los implicados, especialmente de Pedro Castillo. El exmandatario ha solicitado que se reemplace su prisión preventiva por un régimen de vigilancia electrónica, argumentando que su situación en prisión no es necesaria para el desarrollo del proceso judicial.

En el proceso judicial también se observan fechas clave que han marcado el desarrollo de este caso. El 7 de diciembre de 2022, Castillo fue arrestado en flagrancia mientras intentaba dirigirse hacia la Embajada de México, después de que el Congreso lo destituyera. A partir de ese momento, se inició un proceso de investigación y acusación que culminó con la formalización de los cargos y la programación del juicio oral para el 4 de marzo de 2025.