John Robert Torres Yataco, ex suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), presentó su renuncia el pasado 10 de enero de 2023, en un acto que ha generado una significativa controversia tanto en el ámbito social como legal. La renuncia de Torres Yataco, motivada por su rechazo a la orden de matar a ciudadanos peruanos durante los acontecimientos ocurridos el 9 de enero de 2023 en Juliaca, ha sido catalogada por su padre, John Torres Roselló, como un gesto de profunda integridad y valentía. “Él decía tengo que renunciar porque no soporto estos asesinatos, personalmente me lo dijo ese día y yo le pedí que se calmara, pero él insistió y obviamente presentó su renuncia”, declaró John Torres Roselló, enfatizando la firmeza de su hijo en su decisión.

El 9 de enero de 2023 marcó una fecha crucial para Perú, con protestas y manifestaciones que reflejan una fuerte respuesta social ante la crisis política en el Perú tras la destitución del Pedro Castillo a la presidencia, el cual resultó con decenas de fallecidos y cientos de heridos, solo considerando los 17 fallecidos en Juliaca por las fuerzas del orden. Ante este hecho, Torres Yataco expresó: “El hecho refleja una gran preocupación por la justicia y el respeto a los derechos humanos en situaciones de crisis social y política. Se habla de la importancia de reconocer no solo a las víctimas, sino también de entender estos actos como un atentado contra toda la sociedad peruana”.

Tras su decisión, la renuncia de Torres Yataco fue comunicada de manera inmediata a las autoridades superiores, incluyendo al General de la PNP y a la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Su abogado defensor, John Torres Roselló, detalló que la solicitud fue recibida por los jefes inmediatos y escaló directamente al ministro correspondiente. Actualmente, Torres Yataco enfrenta un proceso militar-policial en el Juzgado de Investigación Preparatoria Militar de Puno, donde se le imputan los delitos de deserción, ofensas al superior y desobediencia, tipificados en los artículos 105º.1, 114º y 117º del Código Penal Militar Policial (CPMP). La fiscalía ha solicitado la transferencia de competencia del caso a otro juzgado, alegando circunstancias insalvables que perturban el normal desarrollo del proceso y afectan gravemente el orden público.

La Sala Suprema Revisora del Fuero Militar Policial ha declarado infundada la solicitud de transferencia, argumentando que la fiscalía no ha sustentado adecuadamente su petición y que las protestas sociales en Puno han disminuido, no estando relacionadas directamente con el proceso penal de Torres Yataco. Además, se destacó que el proceso no presenta la complejidad suficiente para justificar la transferencia de competencia.

En su pronunciamiento, Torres Yataco declaró:

“Compatriotas, tengan ustedes muy buenas noches. El que les habla es el ex miembro de la Policía Nacional del Perú, sub oficial de tercera, Torres Yataco John Robert. Cómo está de conocimiento, el día 9 de enero del año en curso, en mi tierra natal, de Juliaca, lamentablemente fallecieron 17 hermanos. De igual forma, resultaron heridas decenas de compatriotas. Este hecho, hermanos, me causó una indignación, por lo cual me vi en la obligación de renunciar y dejar la institución policial.

Inmediatamente al día siguiente, presenté mi solicitud de renuncia, la cual yo tengo aquí recepcionado por fecha 10 de enero, el mismo que les voy a dar a conocer dos puntos importantes. Que el día de ayer, 9 de enero, ocurrieron graves hechos que afectan los derechos fundamentales de los ciudadanos, principalmente en contra de su vida. Falleciendo, de acuerdo a las informaciones no oficiales, una cantidad significativa de personas civiles. Así como resultaron heridos varias decenas de personas, los cuales impiden mi continuación en servicio, dando lugar a una decisión personal de renunciar inmediatamente al cargo como efectivo policial, cuyo defecto es a partir de la fecha.

Asimismo, nuestra Constitución Política del Perú, en su artículo 1, establece la defensa de las personas humanas y el respeto de su dignidad sobre el fin supremo de la sociedad y del Estado. Bajo este mandato, nadie puede atentar contra la vida de las personas. Asimismo, hermanos, hermanas, quiero proceder a leer el artículo 45 de la Constitución Política del Perú, el cual dice lo siguiente: "El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen, lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, fuerza armada, policía nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder."

Dicho esto, finalizo diciendo lo siguiente. Señora Dina Boluarte, renuncie. Renuncie de una vez, que es lo que la mayoría de todos los peruanos exigen. Renuncie. Nuevamente se lo repito, renuncie.

Tengan ustedes muy buenas noches, compatriotas. Gracias.”

Sin embargo, el juzgado de Puno ha señalado que Torres Yataco podría ser sentenciado a más de cuatro años de prisión si es declarado culpable. Su abogado argumenta que su cliente está siendo víctima de persecución política y que la institución policial intenta silenciar a quienes se oponen a órdenes contrarias a los derechos humanos. “El juicio militar tiene como objetivo condenar a mi cliente sin evidencia de su culpabilidad. Apelaremos a las instancias correspondientes para demostrar la inocencia”, aseguró el abogado defensor. A pesar de la defensa presentada, el caso de Torres Yataco sigue en desarrollo. La controversia ha puesto en relieve la necesidad de una mayor transparencia y respeto a los derechos humanos dentro de las instituciones policiales y judiciales del país. La comunidad espera que el proceso se lleve a cabo de manera justa y que se respeten los principios fundamentales de la justicia peruana.

Ante ello, la renuncia de John Robert Torres Yataco no solo representa un acto de resistencia personal contra órdenes que considera ilegítimas, sino que también plantea importantes cuestionamientos sobre la justicia y la integridad dentro de las fuerzas policiales del Perú. Su situación continúa siendo observada de cerca por la sociedad y las instituciones legales, en espera de una resolución que refleje los valores de justicia y respeto a los derechos humanos.