El expresidente del Perú, Martín Vizcarra, ha lanzado duras acusaciones contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, tras la aprobación del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recomienda su inhabilitación por 10 años para ejercer funciones públicas. Según Vizcarra, esta medida forma parte de una persecución política diseñada para impedir su participación en las elecciones presidenciales de 2026, afirmando que Fujimori tiene "terror" de enfrentarlo en las urnas.

La inhabilitación propuesta se basa en la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso en septiembre de 2019, acto que, según el informe, constituyó un golpe de Estado. Este documento, elaborado por el congresista Héctor Ventura de Fuerza Popular, también incluye sanciones de cinco años para los exministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos, quienes desempeñaron roles clave durante el cierre del Parlamento. Vizcarra defendió la legalidad de su acción, respaldándose en la decisión del Tribunal Constitucional (TC), que calificó el cierre como "legal y constitucional". Según el exmandatario, el informe carece de sustento jurídico y es una herramienta política para silenciarlo.

Durante una entrevista con La República, Vizcarra calificó a Ventura como "un alfil fujimorista" y acusó a Fujimori de estar detrás del informe para bloquear su candidatura. “Keiko me tiene miedo, tiene terror de enfrentarme en unas elecciones. Y por eso, saca estos informes que no tienen sustento legal”, aseveró. Además, vinculó a la actual presidenta Dina Boluarte y al líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, en esta supuesta conspiración política. Vizcarra describió a Boluarte como un "títere" de Fujimori y Acuña, sugiriendo que ambos manejan el Congreso en su beneficio.

La votación del informe en la SAC se realizó el 21 de enero de 2025, logrando 16 votos a favor y dos abstenciones. El documento ahora será revisado por la Comisión Permanente y, de ser ratificado, será presentado al Pleno del Congreso para su aprobación final. Este sería el tercer intento de sancionar políticamente a Vizcarra, quien ya enfrenta inhabilitaciones anteriores por el caso "Vacunagate" y presuntos vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes.

Vizcarra, quien ha iniciado una campaña proselitista con el partido Perú Primero, denunció que el objetivo de sus opositores es anularlo políticamente debido al respaldo popular que mantiene. “Que me ganen en las ánforas, con votos; así se gana una elección democrática, no tratando de inhabilitar”, manifestó enérgicamente durante un evento en Iquitos. En contraste con su recepción popular, algunas autoridades locales mostraron rechazo a su presencia.

El informe de la SAC remite a los hechos de 2019, cuando Vizcarra cerró el Congreso tras declarar la "denegación fáctica" de la cuestión de confianza planteada por su gobierno. Esta acción desencadenó una crisis política que llevó a nuevas elecciones parlamentarias. Vizcarra argumentó que su decisión respondió a la necesidad de salvaguardar el equilibrio democrático y la transparencia en la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, medida que, según él, fue ignorada por el Legislativo de entonces.

La controversia sobre este caso resalta las divisiones políticas en el Perú, marcadas por tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, y las reiteradas acusaciones de manipulación política en el sistema de justicia. Vizcarra insiste en que su exclusión del ámbito político responde a una estrategia coordinada por "mafias" que temen su presencia en las elecciones. El desenlace de esta disputa podría redefinir el panorama político de cara a las elecciones de 2026.