El dueño de la cevichería ‘Mi Barrunto’, Luis Enrique Sánchez Aranda, se presentará ante la Fiscalía el próximo domingo 9 de febrero, a fin de declarar sobre las presuntas acusaciones de su vinculación con una red de lavado de activos que operaba bajo la fachada de su restaurante. Según los documentos presentados por la Fiscalía de Lavado de Activos, Sánchez Aranda sería uno de los principales líderes de esta organización criminal, en la que también se involucra a Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, quien actualmente se encuentra en detención preliminar acusado de tráfico de influencias. El caso ha cobrado gran relevancia debido a las implicaciones financieras y de lavado de dinero que podrían derivar de esta red.

El ministerio público ha identificado a una estructura criminal encabezada por Luis Enrique Sánchez Aranda y Andrés Hurtado, quienes operaban la red a través de varias empresas, siendo 'Mi Barrunto' una de las más relevantes dentro de su entramado. De acuerdo con la investigación fiscal, la organización criminal tiene un carácter familiar, ya que los hermanos de Luis Enrique, César Augusto y Jonathan Michael Sánchez Aranda, también estarían involucrados. Juntos, habrían estructurado un esquema de lavado de activos mediante el uso de empresas de fachada, en las cuales movían grandes sumas de dinero ilícito.

Fiscalía investiga conexión con narcotráfico a través de la cevichería

Sánchez Aranda, en una intervención pública en el programa ‘Magaly TV, la Firme’, confirmó que había sido citado por la Fiscalía para declarar el 9 de febrero. En sus declaraciones, se defendió señalando que los estados contables de su empresa habían sido entregados a las autoridades fiscales hace ya dos años, un procedimiento que, según afirmó, le costó alrededor de 70,000 soles. De esta manera, insistió en que no había realizado ninguna conversión de dinero ilícito, sino que su empresa operaba bajo el principio de trabajo legítimo durante los últimos 30 años.

El caso ha cobrado relevancia tras el hallazgo de varios videos que muestran a los hermanos Sánchez Aranda y otras personas cercanas a ellos, incluido el narcotraficante Edwin Cueva, en las inmediaciones del restaurante ‘Mi Barrunto’. Este tipo de evidencias ha reforzado la hipótesis de que la organización criminal operaba no solo en el ámbito empresarial, sino también en actividades relacionadas con el narcotráfico, lo que eleva la gravedad de las acusaciones. Además, la tesis fiscal ha revelado que la red no solo utilizaba el restaurante para el lavado de dinero, sino que habría desplegado su accionar a través de al menos cuatro empresas distintas.

Según la investigación, entre los años 2014 y 2017 se realizaron depósitos por un total de 3.4 millones de dólares, lo que equivaldría a aproximadamente 12 millones de soles. Estos fondos fueron transferidos desde cuentas bancarias ubicadas en Panamá hacia las cuentas personales de los hermanos Sánchez Aranda, lo que constituye uno de los principales indicios sobre la procedencia ilícita de los recursos. Estos movimientos financieros fueron monitoreados por las autoridades, quienes, al detectar la irregularidad, iniciaron las investigaciones para determinar el origen de estos fondos y su vínculo con actividades delictivas.

Luis Enrique Sánchez Aranda y Andrés Hurtado en el ojo del huracán por lavado de dinero

El caso también involucra una serie de transacciones financieras vinculadas a un lujoso Porsche, un vehículo de alta gama que fue adquirido por Luis Enrique Sánchez Aranda. De acuerdo con la investigación, el Porsche habría sido adquirido por Andrés Hurtado, quien a su vez lo había recibido de miembros del clan Sánchez Paredes, conocidos por sus vínculos con actividades de narcotráfico. Este vehículo, que inicialmente fue comprado en 2010 por Carlos Alberto Sánchez Alayo por 135,340 dólares, pasó por varias manos antes de llegar a la empresa de Hurtado, quien lo revendió en 2023 a Luis Enrique Sánchez Aranda por 30,000 dólares.

Composición: Gerson Cardoso / Foto: LR

En el transcurso de la investigación, se ha identificado que el Porsche fue transferido en 2012 a Orlando Sánchez Miranda, primo de Carlos Alberto, por 105,000 dólares, y en 2014, a Miguel Zegarra Macchiavello por 72,000 dólares. Este ciclo de compraventas, que incluye un precio considerablemente inferior al que se pagó por el vehículo originalmente, ha llamado la atención de las autoridades, ya que sugiere que el Porsche fue parte de un mecanismo para ocultar el origen ilícito de los fondos. En 2020, Zegarra lo vendió a la empresa de Hurtado por 100,000 soles, y tres años después, Sánchez Aranda compró el vehículo por 30,000 dólares, solo para devolverlo a Hurtado en el mismo monto.

La conexión entre los movimientos de dinero, el uso de empresas de fachada y la compra de bienes de lujo como el Porsche se enmarca dentro de las estrategias de lavado de activos que, según la Fiscalía, fueron implementadas por los miembros de la organización. Estas transacciones no solo involucran a los directos implicados, sino también a familiares y asociados cercanos, quienes habrían facilitado el blanqueo de dinero a través de sus negocios y propiedades.

La Fiscalía ha detallado un organigrama que revela cómo la red de lavado de activos operaba a través de diferentes niveles. En la cima de la estructura se encuentran Luis Enrique Sánchez Aranda y Andrés Hurtado, quienes dirigían las operaciones criminales. En el segundo nivel, figuran los hermanos de Luis Enrique, César Augusto y Jonathan Michael Sánchez Aranda, quienes habrían jugado un papel crucial en la expansión de la organización. A un nivel inferior, aparecen personas como Itamar Orellana Menjívar, pareja de Luis Enrique, y Lizbeth María Cruz Purizaca, quien también estuvo asociada al empresario y habría actuado como testaferro en el esquema.

Los testaferros, según la tesis fiscal, habrían tenido la responsabilidad de ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios de los recursos ilícitos, utilizando para ello empresas de fachada que facilitaron el movimiento de grandes sumas de dinero. En este contexto, tanto la cevichería ‘Mi Barrunto’ como otras empresas vinculadas a los Sánchez Aranda habrían sido utilizadas para dar apariencia de legitimidad a los fondos obtenidos mediante actividades ilícitas, permitiendo su integración al sistema financiero legal.

Este entramado de lavado de activos habría estado vinculado con actividades del narcotráfico, dada la conexión de los involucrados con el clan Sánchez Paredes, cuyos miembros han sido objeto de investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas. La familia Sánchez Aranda, al estar vinculada con este clan, ha sido investigada a fondo, ya que los movimientos financieros de los hermanos Sánchez Aranda coinciden con patrones que sugieren que se estaba utilizando el negocio familiar para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.