Ministro del Ambiente minimiza la inseguridad ciudadana: "En mi condominio la gente vive y salen tranquilos"
El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, generó controversia al minimizar la inseguridad en Perú, destacando que en su condominio la gente "sale tranquila" gracias a los esfuerzos del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Sin embargo, las cifras oficiales contradicen esta afirmación, mostrando un aumento del 35% en homicidios en 2024, especialmente en Lima. Además, los delitos como secuestros, extorsiones y robos siguen al alza. A pesar de esta creciente preocupación, figuras políticas como el ministro de Salud y el alcalde de Lima han restado importancia al problema, lo que ha generado críticas y desconfianza entre la ciudadanía, que exige un enfoque más realista y efectivo ante la crisis de seguridad.

fuente/ Gobierno del Perú
Erwin
Publicado el 04 de febrero, 2025
Compartir
El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, ha causado revuelo al afirmar que la delincuencia en el Perú no ha alcanzado niveles alarmantes, destacando que los habitantes de su zona, en donde reside, pueden "salir tranquilos" gracias a los esfuerzos del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Castro elogió la gestión de su colega asegurando que la estrategia policial ha incrementado la presencia de las fuerzas de seguridad, lo que ha generado un falso sentido de tranquilidad. No obstante, las declaraciones han sido recibidas con sorpresa, ya que las cifras oficiales muestran una situación mucho más grave en cuanto a la criminalidad.
Las cifras oficiales contradicen el optimismo del ministro
Las cifras de criminalidad son claras y preocupantes. En 2024, el número de homicidios aumentó en un 35% en comparación con el año anterior, lo que representa una tendencia preocupante. Lima, la capital del país, lidera esta lista, seguida por otras regiones como La Libertad y Piura, con asesinatos cometidos en su mayoría con armas de fuego en espacios públicos. Juan Carbajal, analista en seguridad, señaló que la violencia está estrechamente relacionada con el incremento del sicariato y las extorsiones, factores que no muestran signos de disminución, y agregó que el número de detenciones por estos delitos es bajo, lo que refleja la ineficacia en la lucha contra el crimen.
El alarmante aumento de secuestros y delitos comunes
Además del aumento en los homicidios, otros delitos también siguen en ascenso. En 2024, se reportaron 24.918 denuncias de secuestro en todo el país, con Lima como la ciudad con más casos registrados. También se ha observado un crecimiento en los índices de delincuencia urbana, con extorsiones, robos de celulares y préstamos informales como los delitos más comunes que afectan a los ciudadanos. Estos indicadores, junto con el incremento de la violencia en las calles, son señales de una crisis de seguridad que no puede ser ignorada.
Infobae
Reacciones políticas: minimización del problema
A pesar de la creciente preocupación por la inseguridad, varias figuras políticas han adoptado un tono relajado y minimizador frente a la situación. El ministro de Salud, César Vásquez, por ejemplo, comparó la situación de los homicidios en Perú con otros países de la región, sugiriendo que el aumento de la violencia es un fenómeno global. Por otro lado, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, descartó el problema de la delincuencia en la capital, afirmando que Lima tiene una "paz y tranquilidad brutal" y que la imagen de ciudad peligrosa era falsa. López Aliaga invitó incluso a streamers internacionales para cambiar la percepción de la ciudad, una estrategia que ha sido vista por muchos como una maniobra mediática sin fundamento.
La crítica crece ante el enfoque gubernamental de la inseguridad
Este tipo de declaraciones ha generado una ola de críticas por parte de la ciudadanía y expertos en seguridad, quienes exigen una respuesta más realista y efectiva. Los críticos acusan al gobierno de desentenderse de la realidad de la inseguridad ciudadana y de ofrecer soluciones superficiales ante un problema que afecta a miles de peruanos. Las estadísticas y la experiencia diaria de los ciudadanos no coinciden con el mensaje optimista transmitido por las autoridades, lo que crea una desconfianza generalizada en la capacidad del gobierno para enfrentar la violencia en el país.
